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CHILE - Delincuencia y oportunismo electoral (Carolina Avendaño, IPS)

Lunes 28 de noviembre de 2005, puesto en línea por Dial

Convertida en tema central de la disputa por la presidencia de Chile, la inseguridad ciudadana pone en tela de juicio nuevos procedimientos penales y, a la vez, abona el terreno para propuestas de mayor represión como las del candidato derechista Joaquín Lavín.

SANTIAGO, nov (IPS) - «Desde el punto de vista de las preocupaciones de los chilenos, la delincuencia es sin duda uno de los tres problemas más graves junto con el desempleo y la desigualdad. El año pasado se produjeron cuatro millones de delitos en el país, lo que equivale a la alarmante cifra de un delito cada ocho segundos», dijo Lavín a IPS.

El postulante de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) recoge en las encuestas entre 18 y 20 por ciento de la intención de votos para los comicios del 11 de diciembre, disputando la franja de opinión derechista y centroderechista con Sebastián Piñera, de corte más liberal.

Por su parte, la aspirante a suceder al presidente Ricardo Lagos por la gobernante coalición centroizquierdista, la también socialista Michelle Bachelet, encabeza las mediciones con alrededor de 45 por ciento de los entrevistados.

El cuarto postulante es Tomás Hirsch, del pacto de izquierda Juntos Podemos Más, quien no parece tener posibilidades de triunfo pero podría restar votos a Bachelet, impidiéndole alcanzar la mayoría absoluta necesaria para llegar al gobierno de modo directo en diciembre y forzar así una segunda vuelta electoral en enero con Piñera o Lavín.

Según Lavín, «a diferencia de lo que ocurría hasta hace algunos años, hoy la gente vive con temor a la delincuencia y las tasas de victimización son altas».

«En los últimos cinco años, la delincuencia se ha duplicado en Chile», aseguró, «una razón más que suficiente para que un próximo gobierno le dé primera prioridad a este tema y, por eso, he insistido que no habrá en Chile presidente con más mano dura en contra de la delincuencia que yo», proclamó.

Datos del Ministerio del Interior indican que los delitos más denunciados en Chile en el segundo trimestre de este año fueron el robo con fuerza, que llegan a 251,9 por cada 100.000 habitantes, y el hurto con 140,7 por cada 100.000 habitantes, en tanto que los homicidios alcanzaron 0,4 por cada 100.000 habitantes.

Entre 1992 y este año la cantidad de presos aumentó de poco más de 20.000 a unos 37.000. Sin embargo, especialistas entienden que Chile sigue siendo uno de los países con menores problemas de seguridad ciudadana en América Latina.

El abanderado de la UDI y ex alcalde de Santiago dijo en septiembre que «sólo falta que los delincuentes asalten La Moneda», nombre del edificio sede del gobierno.

«Soy partidario de construir una cárcel en una isla de tal manera que estas personas (los reos reincidentes) no se puedan arrancar (fugar) y además tengan que trabajar», apuntó. Para ello propuso concretamente utilizar un islote en el sur del país para levantar un centro similar al de Alcatraz, la famosa prisión estadounidense cerrada en 1963 por violar los derechos humanos.

Lavín sostiene, además, que los nuevos procedimientos penales puestos en marcha en el país favorecen a los criminales, dejan indefensas a las víctimas e inhiben la acción preventiva de la policía. Anunció que, si llega al gobierno, impulsará «una ley que establezca la presunción de inocencia cuando un carabinero (policía uniformado) dispara».

La filial chilena de la Asociación para una Tasa a las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), anunció este mes, de modo irónico, su propósito de «colaborar» en la campaña del candidato derechista contra la delincuencia y para ello puso a la venta cuatro afiches al precio casi simbólico de 18 centavos de dólar cada uno.

El primer cartel reza que la delincuencia ya ingresó a La Moneda en un pasado reciente y está ilustrado con la fotografía del palacio de gobierno bombardeado en el asalto golpista del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende e instaló la dictadura del general Augusto Pinochet, que se prolongó hasta 1990.

La imagen del candidato de UDI en un afectuoso abrazo con Pinochet cubre la segunda pancarta, con la leyenda: «Lavín con un delincuente procesado por homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, evasión tributaria, fraude al fisco, asalto a las arcas fiscales y del ejército y traficante de armas».

Respecto de la cárcel-isla propuesta, ATTAC lanzó un tercer afiche con imágenes del campo de prisioneros políticos y trabajos forzados que la dictadura instaló en 1974 en la inhóspita isla Dawson, en el extremo austral de Chile.

La última pancarta alude a la propuesta del llamado «gatillo fácil» para la policía y reproduce la foto del sacerdote francés André Jarlan, asesinado sobre su mesa de trabajo en septiembre de 1984 en la barriada popular La Victoria de Santiago por el disparo de un carabinero (policía militarizada), que fue absuelto en el proceso abierto en su momento por la justicia militar.

La reforma procesal penal, que se comenzó aplicar gradualmente desde 2000 en el país y que desde junio de este año se instauró en Santiago, introdujo el juicio oral, creó fiscales y defensores públicos y dejó a los jueces sólo la facultad de dictar sentencia, reemplazando así los antiguos, engorrosos y lentos mecanismos que se traducían en juicios interminables.

La admisión de culpabilidad contribuye a agilizar aún más los juicios y permite que los magistrados concedan de inmediato la libertad provisional en delitos menores, lo cual, según la opinión derechista, hace de los juzgados «puertas giratorias» para criminales que apenas salen a la calle amenazan a sus víctimas y vuelven a delinquir.

El gobierno de Lagos presentó el año pasado un proyecto de ley con modificaciones a la reforma procesal penal, que luego de una prolongada tramitación fue aprobado en octubre por una comisión mixta de ambas cámaras legislativas y que podría ser promulgado a fines de año.

El propósito de estos cambios es «corregir las imperfecciones o insuficiencias que registraba la reforma del proceso penal. De manera que éste es un paso más en los esfuerzos que se hacen por reducir los índices de delincuencia del país», comentó a IPS el ministro de Justicia, Luis Bates.

El funcionario destacó la aprobación de la totalidad de los ajustes, que permitirán «la agilización de la persecución penal y evitar zonas de impunidad».

A pesar del clima político imperante y de la utilización del tema de la inseguridad ciudadana, «se ha trabajado de manera seria, sin mayores precipitaciones electorales, y prueba de ello es que estos ajustes se presentaron en enero de 2004», explicó.

José Luis Pérez, fiscal del Ministerio Público en la región del Maule, 300 a 500 kilómetros al sur de Santiago, señaló a IPS que el concepto de «manga ancha» de los jueces con los delincuentes ha sido acuñado en el marco de una contienda política, «pero, desde mi punto de vista, no refleja la realidad que del sistema (penal) antiguo y menos del actual».

«La reforma modificó sustancialmente el sistema de prisiones preventivas, lo que no ha tenido un correlato en la concepción cultural de lo que socialmente se entiende y acepta por justicia», sostuvo.

«¿Se hace justicia cuando el imputado está privado de libertad por meses, en algunos casos años, en la incertidumbre tanto para él como las víctimas, de un veredicto judicial?», se preguntó Pérez.

Bachelet advirtió que la delincuencia es un problema de larga data y para combatirla «hay que trabajar en serio y no haciendo ofertones (grandes promesas) electorales».

La candidata presidencial oficialista propone aumentar las condiciones de vigilancia y control, formar más policías, crear un Ministerio de la Seguridad Publica e instalar un teléfono único que reciba y centralice todas las denuncias, entre otras medidas.

El ministro de la Secretaría General de Gobierno y vocero presidencial, Osvaldo Puccio, aseguró que «hay campañas electorales que con demagogia y falta de seriedad, por ganar un par de puntos (en las encuestas), están abriendo un debate que divide, que irrita, que levanta temores, que impide la serenidad, la tranquilidad, la seriedad para enfrentar un problema que a Chile le preocupa».

«El gobierno está en la (actitud) seria, hay otros que están en la demagogia», añadió Puccio en una clara alusión a Lavín.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Marcos Libedinsky, calificó de contraproducente el uso de la inseguridad pública en la campaña electoral. «No pueden mezclarse cuestiones o problemas que puedan suceder en un ámbito jurídico y llevarlos a la política», indicó.

«En términos de los índices de delitos denunciados, el tema de la delincuencia no aparece con un nivel de gravedad alto», comentó a IPS Lucía Damert, coordinadora del Programa Seguridad y Ciudadanía de la sede en Chile de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

«Sin embargo, dentro de las preocupaciones de la población (la delincuencia) se ubica en el primer o segundo lugar, por lo que se instala en el centro del debate actual», agregó.

«Es importante destacar que es necesario mirar algunos problemas vinculados con el aumento de la inseguridad que deben ser abordados con prontitud, como el nivel de desempleo juvenil en ciertas zonas del país, el consumo de drogas, los niveles de deserción escolar, entre otros», concluyó la experta.


http://www.ipsenespanol.net/nota.asp?idnews=35751

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