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CHILE - Implicancias sociales del fallo del Tribunal Constitucional sobre la anticoncepción de emergencia

Iskra Pavez

Lunes 5 de mayo de 2008, puesto en línea por Iskra Pavez

11 de abril de 2008 - Un grupo de parlamentarios de la derecha chilena ha conseguido que el Tribunal Constitucional declare “inconstitucional” parte de las normas del Decreto Supremo Nº 48/2007 del Ministerio de Salud referido a “Normas Nacionales Sobre Regulación de la Fertilidad” (Ver artículo de prensa). Esto significa que no podrá entregarse la llamada “píldora del día después” en los Centros de Salud públicos a las mujeres y jóvenes que lo necesiten.

Dicha política pública de salud recoge de manera integral un enfoque de género al privilegiar el acceso a la información y promover igualdad de oportunidades para todas las mujeres que se atienden en el sistema de salud público chileno. A su vez, es una política con enfoque de derechos, ya que cada persona informadamente decide sobre los métodos de regulación que desee utilizar, incluso los y las adolescentes pueden ejercer el derecho a la información y decidir sobre los anticonceptivos. Sin duda, este plan es una respuesta adecuada y moderna a las prácticas sexuales de la sociedad chilena.

La solicitud parlamentaria de la derecha refleja una visión autoritaria, conservadora y paternalista del Estado y sus instituciones. En primer lugar porque dicho Tribunal Constitucional actúa inquisidoramente evaluando las políticas públicas de salud que este gobierno ha impulsado. La sentencia se avala en criterios morales y personales de quienes conforman dicha institución -quienes no poseen experticia en la materia- y no recoge la diversidad de valores que hay en Chile. Con todo, es una medida que atenta contra los derechos y la vida privada de las personas al decidir qué métodos de anticoncepción pueden utilizarse y cuáles no.

El espíritu de una Constitución Política debiera garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la sociedad chilena. Sin embargo esta resolución desencadena, en términos prácticos, que las mujeres y jóvenes de los sectores más pobres que se atienden en el Sistema Público de salud no puedan acceder a este método, mientras que quienes tengan dinero sí podrán pagarlo en una farmacia. Es decir, aumenta la brecha de la equidad.

El resultado de esta decisión es que muchas mujeres y jóvenes seguirán en la exclusión de todos los métodos anticonceptivos, con lo cual los embarazos precoces o no planificados lejos de reducirse, aumentarán. El Comité de los Derechos del Niño (Organismo de la ONU con sede en Ginebra) ha advertido al Gobierno Chileno sobre la insostenible situación de muchas madres adolescentes, que ven vulnerados sus derechos con un embarazo precoz. Todo lo anterior repercute ineludiblemente en el aumento de la pobreza infantil y la feminización de la exclusión.

A pesar de la adversidad de este fallo constitucional, hemos visto una ciudadanía activa y crítica, desde Federaciones de Estudiantes, diversas organizaciones feministas y ONG, algunos partidos políticos e incluso las propias Ministras del Ejecutivo han mostrado la perplejidad e indignación ante una medida conservadora en un país que quiere mostrarse democrático, inclusivo y moderno.


Publicación original en www.politicapublica.cl. Reproducción por la autora.

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