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COLOMBIA - DD HH: homofobia armada

Mario Osava, IPS

Miércoles 3 de diciembre de 2008, puesto en línea por Claudia Casal

03 de diciembre de 2008 - IPS - Los homosexuales pueden pasar desapercibidos, ocultando su condición, pero esa no es una alternativa aceptable para los transgéneros de Colombia, mayoritariamente víctimas de la violencia en este país donde el conflictos armado interno hace que los prejuicios sean más cruentos.

«No nos interesa ocultar nuestra opción sexual» y en este país «se mata» con más facilidad que en otros, dijo Diana Navarro, quien dirige la Corporación Opción, de defensa de los derechos de prostitutas y «transgeneristas», término este último más usado en Colombia para travestis, transexuales y transformistas.

«A mí me atacan por negra, transgenerista, prostituta y porque no me callo», dijo a IPS la activista que impresiona también por su gran talla y las piernas largas siempre a la vista. Sus denuncias de atropellos contra su gente impactaron el Seminario Internacional de Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Políticas de Estado, que tuvo lugar la semana pasada en Bogotá.

La comunidad de Lésbicas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT) afronta en Colombia la discriminación social y estatal común en casi todo el mundo, pero agravada por los conflictos entre numerosos grupos armados, todos homofóbicos.

Los homosexuales están entre las mayores víctimas de la «limpieza social», una tradición colombiana de exterminio de los indeseables, y de los «falsos positivos», como se les ha dado en llamar a las personas asesinadas por militares bajo pretexto de pertenecer a la guerrilla, señaló Navarro, quien no concluyó su graduación en Derecho y ahora estudia gestión social participativa.

En 2006 y 2007 fueron asesinadas 67 personas por su opción sexual en este país, según Colombia Diversa, un a organización no gubernamental de defensa de los derechos de LGBT. Pero la cifra es muy incompleta, sólo refleja apenas «un primer esfuerzo», limitado a las grandes ciudades, reconoció ante IPS Mauricio Noguera, abogado de la esa entidad civil.

El subregistro es evidente porque las identidades LGBT «no son incluidas en ningún documento oficial», lamentó Navarro. Además, el temor a represalias impide quejas y denuncias, acotó Noguera.

Para efectos de comparación, en Brasil, donde también la violencia es cotidiana aunque sin guerra, el Grupo Gay de Bahia contó un promedio de 125 asesinatos de LGBT al año, entre 2000 y 2005.

El conflicto armado en Colombia «no generó el prejuicio, pero lo exacerba y agrava sus consecuencias», según el abogado.

En zonas bajo su control, los grupos armados ilegales, como paramilitares ultraderechistas o las guerrillas izquierdistas, imponen comportamientos «normales» según sus creencias, forzando el desplazamiento de prostitutas, drogadictos y homosexuales bajo amenazas que pueden llegar al homicidio, si se resisten, explicó.

Esa homofobia armada obliga a las minorías sexuales a ocultar su condición, para sobrevivir, o desplazarse a las grandes ciudades, donde pueden «mimetizarse más fácilmente», destacó Navarro. Así contribuye a sobrepoblar Bogotá y Medellin, que, además de ser grandes urbes, tienen alcaldías progresistas, que vienen adoptando políticas que reconocen los derechos de los LGBT.

Navarro estima que la población «trans» de Bogotá varia de 1.500 a 3.000, según las distintas épocas del año. Su visibilidad ostensiva, representando «la anarquía» en una «globalización que quiere homogeneizar la población», hace que esas personas sean las primeras «expulsadas por los grupos armados» y las mayores víctimas de asesinatos.

Cali, la tercera mayor ciudad del país, es la tumba de las «trans». De 21 personas LGBT asesinadas allí en 2006 y 2007, nada menos que 16 eran transgéneros, según los datos de Colombia Diversa, una cifra desproporcionada a esa minúscula minoría.

La situación puede mejorar tras el fin del actual gobierno del derechista Álvaro Uribe, estimó Navarro, «única trans» que es miembro de la dirección del Polo Democrático Alternativo (PDA), partido opositor que dedica un sector a los LGBT, el Polo de Rosa.

Otra de sus opiniones contundentes acusa el catolicismo de estar en el origen de la violencia contra las minorías sexuales. La fuerte influencia que mantiene esta iglesia en Colombia y su jerarquía conservadora agravan las presiones contra los LGBT, coinciden otros activistas.

Asumir la homosexualidad en Colombia es un acto «heroico», reconoció Carlos Gaviria, presidente del PDA, al hablar en el seminario sobre derechos humanos y diversidad sexual.

Sentencias de la Corte Constitucional, de la cual Gaviria fue uno de sus magistrados, crearon una jurisprudencia que asegura los pocos derechos a las personas LGBT, en el área patrimonial, de salud y previsional.

Una sociedad sólo es democrática si es pluralista y permite el ejercicio de la «autenticidad», es decir que todos puedan presentarse en su verdadera identidad, incluso sexual, algo que no ocurre en Colombia, una democracia «aún en construcción», indica Gaviria, que fue el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales de 2006.

Aunque la homofobia es más letal en Colombia por la violencia armada y la impunidad, el movimiento LGBT nacional está bien integrado a la lucha por los derechos humanos y el seminario promovido por la alcaldía de Bogotá indica avances importantes, evaluó el canadiense Bill Fairbairn, de Horizontes de Amistad, organización que apoya proyectos de desarrollo sustentable en América Central.

En Bogotá, el barrio Chapinero constituye una especie de zona liberada LGBT, con muchos bares y discotecas gay, parejas y grupos homosexuales ocupan las calles y plazas todas las noches. Lo apodaron «Chapigay» y su alcaldesa es una lesbiana asumida.

La homofobia es generalizada en el mundo, incluso en Canadá, donde homosexuales pueden casarse, pero «si caminan en las calles mano con mano sufren ataques, burlas», matizó a IPS el activista que en los años 80 y 90 coordinó el programa sudamericano del Comité Inter-Iglesias Canadienses Pro Derechos Humanos en América Latina.

En esa función denunció ejecuciones extrajudiciales de homosexuales y ayudó a que su país acogiera como refugiados a perseguidos por sus opciones sexuales.

El diputado mexicano David Sánchez Camacho, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática y otro participante en el seminario, identificó el actual gobierno colombiano como «más conservador y autoritario» en todos los aspectos en comparación con su país.

México también tiene un gobierno conservador, pero prometió políticas públicas contra la discriminación por orientaciones sexuales y se mostró abierto en cuestiones de salud, como los condones, observó.


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