ESPAÑA - Hacia un Estado de sitio permanente con los inmigrantes

“Señor/a buenas noches, me presenta sus documentos, por favor”, es el saludo sacramental que aterroriza a los inmigrantes indocumentados en los espacios públicos de Madrid.

“Cuando escuché dicho saludo, me quedé helada por un momento. Agachada, intenté convencerme por un instante que no se dirigían a mí. Pero nadie más había a mi alrededor. Entonces, fui patrullada a pasar la noche en la cárcel de Carabanchel y tengo una carta de expulsión”, comenta una boliviana indocumentada. Según ella, trabaja en una casa, de interna, cuidando dos ancianos. “Estoy con los abuelos cerca de 17 horas diarias, seis días a la semana y doce meses al año, sin contrato, ni seguridad social. A cambio me pagan 650 euros mes”, comenta la entrevistada. Ella es parte del 70% de los bolivianos/as en situación de indocumentados en España.

Mientras eso ocurre, en días pasados, salió a la luz pública la obligatoriedad impuesta a los policías de cumplir con cupos en la detención de inmigrantes [1]. Un policía denunciaba hace sólo días: “Nos están obligando a detener una determinada cantidad de inmigrantes indocumentados en los diferentes ayuntamientos. Si cumplimos con los cupos, nos dan de premio días libres”.

En España existen cerca de un millón y medio de inmigrantes indocumentados. Muchos de ellos ingresaron a España cuando la demanda de trabajadores se multiplicó de 12 a 20 millones en cuestión de 13 años (1994-2007, especialmente en los últimos años). Entonces, se requería brazos y piernas para mover la industria nacional y el sector de la construcción. El control policial, en ese entonces, en los aeropuertos y las fronteras del sur, era sólo un simulacro.

Según el informe oficial de la Oficina Económica del Presidente, 2006, “El 30% del crecimiento del PIB de la última década cabe ser asignado al proceso de inmigración, y este porcentaje se eleva hasta el 50% si el análisis se limita a los últimos cinco años”. Aquí, la referencia es sólo a la economía formal. La explotación del inmigrante en la economía sumergida y en los servicios domésticos no entra en los contables del Estado. Y son las trabajadoras domésticas quienes mantienen al envejecido Estado de Bienestar, ahora en situación de malestar, no sólo porque éste no les paga seguro alguno, sino porque cuidan, casi gratis, a su población envejecida. Además, liberan a muchas mujeres españolas de las tareas domésticas para que éstas aporten al Estado. ¿Será que expulsarán a todas las trabajadoras domésticas y a todos los inmigrantes indocumentados, con cuyos trabajos no pagados algunas empresas compensas sus pérdidas económicas en estos tiempos de crisis?

Ahora que la burbuja del milagro de la economía española, basada en la fe en el ladrillo, se desinfló, la caza de los inmigrantes indocumentados se constituye prácticamente en una política pública, sin que medie una justificación ética, ni coherencia argumentativa.

Aquí no existe un mínimo de respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. ¿Dónde está el derecho a la libre locomoción que el Estado español exige a sus similares del sur? ¿Dónde está el derecho al debido proceso para los detenidos en los Centros de Internamiento para Extranjeros? ¿Por qué los dejaron entrar al país si el Estado español sabía que los del sur no venían a hacer turismo al norte? “Llamaron” a los inmigrantes, con o sin documentos, los exprimieron por igual hasta convertirlos en deshechos sociolaborales. Y, ahora, a estos remanentes del deficitario mercado laboral español, la policía los persigue buscando un premio al mejor cazador. ¿No cree Ud. que estamos ante una versión posmoderna del circo romano? ¿Dónde está el Estado de Derecho?

Esta política pública antiinmigrante, inspirada en la filosofía del Estado de Sitio, terminará erosionando las debilitadas bases de la convivencia pacífica. Se está atizando el fuego de la xenofobia en contra del otro diferente y alimentando guetos étnicos en la España multicultural. Bajo esta lógica política, más temprano que tarde, Europa desandará por las históricas rutas de la aniquilación

Esta situación, debería preocuparnos a todos/as. Estamos asistiendo a la emergencia de un Estado de excepción permanente. Un contexto en el que las garantías constitucionales se suprimen y se conceden los derechos según las condiciones ideológicas, origen, género, etc. Ahora son los inmigrantes, mañana serán las mujeres, los vascos o los catalanes. ¡Aquí los derechos y las garantías ya no se reconocen a las personas por ser tales, sino por las condiciones de las personas!