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BOLIVIA - Estado revierte 40.000 hectáreas en convulso Alto Parapetí

Coco Cuba, Agencia Boliviana de Información

Miércoles 4 de marzo de 2009, puesto en línea por Claudia Casal

15 de febrero de 2009 - ABI - El Estado ha revertido 40.000 hectáreas de manos de cinco familias terratenientes en Alto Parapetí, en la provincia Cordillera del departamento boliviano de Santa Cruz, escenario de duras batallas legales y conflictos con indígenas guaranís, confirmó el domingo el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz en declaraciones a la ABI.

«El proceso de saneamiento ya ha concluido en los polígonos 3 y 4 que son la mayor parte de esos territorios y el espacio en conflicto. La próxima semana esperamos que salgan las resoluciones finales administrativas y supremas y el resultado plantea la necesidad de declarar fiscales cerca de 40 mil hectáreas que correspondían a cuatro o cinco familias», informó el Viceministro.

Las haciendas, sujeto de reversión por improductividad, son «El Recreo», de1.935 hectáreas y cuya propiedad detentaba Aniceto Corcuy. También, «San Isidro» (3.790 has) en manos de Babil Chávez y «Huaraca» e «Itacay» (10.958 has) de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo Soriano Noriega.

Asimismo fueron revertidas a dominio del Estado los fundos «Buena Vista» e «Isiporenda» (4.477 hectáreas), de Julia Aguilera de Chávez y otros.

El proceso de saneamiento, a cargo del estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), también recayó sobre el estadounidense Duston Larsen Metenbrink, que ejercía propiedad sobre las haciendas «Caraparicito I y II (15.262 has en total), emplazadas ilegalmente sobre la»Reserva Privada del Patrimonio Natural«, y»Yaguapoa", donde se constató el incumplimiento de la Función Económica y Social (FES), prescrita en la legislación agraria del país y refrendada en el nuevo texto constitucional.

En Alto Parapetí se ha denunciado la esclavitud de indios guaranís.
«Alto Parapetí ha llegado a ser un caso muy sensible dentro del proceso agrario boliviano porque fue el punto geográfico, y de espacio social también, en el que la resistencia violenta y sediciosa del sector agropecuario impidió el proceso de saneamiento en una acción articulada a las acciones que pretendieron imponerle al país una versión de autonomía», por líderes civiles y autoridades de la Prefectura de Santa Cruz, refirió Almaraz.

Las tierras revertidas serán dotadas a al pueblo guaraní, originaria de la región del Chaco boliviano.

Los polígonos 3 y 4 en Alto Parapetí se sitúan en el Chaco, que comparten los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.

Almaraz significó que en Alto Parapatí, una superficie similar, de cerca de 40 mil hectáreas, ha sido consolidada en favor de más de 65 propietarios pequeños y medianos productores indígenas.

Terratenientes de Alto Parapetí han ofrecido una violenta resistencia a las tareas de saneamiento del INRA que, desde 2006, bajo el paragua de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, ha realizado en los tres años anteriores riesgosas incursiones en los extensos predios afectados.

«Recurriendo a una violencia extrema se le impidió, durante varios meses al INRA, ejecutar el saneamiento. La violencia fue extrema porque llegó a lesiones muy graves no sólo contra funcionarios del Gobierno, sino contra los indígenas guaranís», deploró la autoridad.

Almaraz denunció que, incluso, «llegó a torturarse en plena plaza del pueblo a dos profesionales guaranís: se los flageló públicamente».

Responsabilizó al presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Náyar , -electo el sábado último vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ), archirrival del gobierno de Morales- por haber propiciado los flagelamientos de indios en esa zona del rico este tropical boliviano.

«El señor Guido Náyar es consciente de la torturas que esos ganaderos suyos, afiliados a la Fegasacruz, infligieron contra esos profesionales guaranís en la plaza de Cuevo», acusó.

También fustigó a los latifundistas de Alto Parapetí, tales como Malpartida y Larsen.

«Resulta que estos maleantes, como son los señores Malpartida y Chávez,-me parece que el término que corresponde a quienes torturan y flagelan a personas amarradas, haciendo escarnio en la plaza de un pueblo- el término que corresponde es el de criminal, es el de maleante»-, son los que ahora reclaman la acción de la justicia para evitar la reversión de los fundos que detentaban«, se aventó.»Estas personas son las que ahora aparecen como víctimas del Gobierno, que están siendo atropelladas, que están siendo avasalladas, que no se les está reconociendo su derecho", denunció Almaraz.

Argumentó que el proceso de reversión se funda en la ley y que se ha verificado, en Alto Parapetí, «que existen vicios de nulidad en los respectivos títulos ejecutoriales y, por otro lado, no existe el cumplimiento de la FES».

Almaraz justificó que las acciones del INRA y el Viceministerio de Tierras se han realizado en arreglo a las leyes específicas consagradas en la Carta Magna.

«Un aporte a nuestro juicio muy importante que hace la nueva Constitución es la de no sólo enfatizar el precepto constitucional ya existente, de abolición del latifundio y la servidumbre, sino de darle una articulación adecuada con los otros preceptos constitucionales fundamentales en materia agraria, de manera de asegurar su cumplimiento», sostuvo, expuso.

La nueva Constitución limita la propiedad agrícola a no más de 5.000 hectáreas.

El precepto rige para la homologación de cualquier propiedad que sea registrada después del 7 de febrero pasado en que entró en vigor la nueva Constitución que sentó el Estado Plurinacional que, a su vez, reconoce los derechos de 36 pueblos originarios de Bolivia.

El latifundio es una institución del Medioevo caracterizada por grandes extensiones de tierras controladas por un señor (feudal) que somete a trabajos no remunerados a esclavos (siervos de gleba), para su propio provecho.

El 88% de los electores bolivianos, de un padrón de 3,9 millones de ciudadanos, rechazó la vigencia del latifundio que, según la legislación doméstica, se caracteriza por la improductividad, el incumplimiento de la Función Económica Social (FES), que se registra también por la insostenibilidad en el uso de la tierra y, por último, el empleo del trabajo servidumbral.

«Con estas tres cosas hay latifundio y, si hay latifundio, hay reversión, que es el retorno de la tierra a dominio del Estado, sin cargo a indemnización», enfatizó Almaraz.

«Lo que va a pasar con el límite (de la propiedad agraria) es que a partir de la fecha de vigencia de la Constitución no se reconocerá la adquisición de superficies de predios agrarios superiores a las cinco mil hectáreas», precisó el Viceministro, adalid de la lucha contra el latifundio en la administración del presidente Evo Morales.

La propiedades con extensiones de más de 5.000 hectáreas, sentadas antes de la Constitución y que no serán afectadas por su espectro, serán reguladas por medio de la constatación de la FES.

Almaraz refirió que el Estado no ha homologado, desde instaurado el proceso de reforma agraria, en 1952, propiedades mayores a 10.000 hectáreas.

«En todo Beni y Pando (primer departamento del país saneado en agosto de 2008) no llegan a diez las superficies mayores a 10.000 hectáreas», especificó al tiempo de aclarar que «la única superficie grande, ya saneada en el Beni, es de las FFAA, de 50.000 hectáreas, pero que son productivas».

A excepción de los predios dotados a las FFAA en Beni, el Viceministro de Tierras aseguró que haciendas en manos de «particulares no hay» en el registro nacional de tierras.

Almaraz volvió a fustigar a los operadores de justicia en Bolivia, que han congelado dos procesos, uno en la vía ordinaria y otro en el Tribunal Agrario Nacional, contra el terrateniente Branco Marincovic, hasta el sábado presidente del CPSCZ y enconado opositor de Morales.

Marincovic es acusado de promover por terceros un golpe de Estado civil contra Morales.

«En general la vida, el desarrollo de la construcción del Estado boliviano, tiene esa tranca, ese lastre injusto, ese cepo en la administración de justicia», lamentó.

La administración Morales se ha propuesto dotar a pueblos indígenas de 20 millones de hectáreas, un quinto de la superficie productiva del país.


http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20090215204623&l=0

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