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PERÚ - Movimiento social y nuevo gobierno

Javier Diez Canseco, La República

Jueves 30 de junio de 2011, puesto en línea por Gladys Fernández, Javier Diez Canseco

27 de junio de 2011 - La República - A un mes del cambio de gobierno, acontecimientos violentos y sangrientos ponen en primer plano los conflictos larvados y la explosividad a flor de piel de sectores sociales excluidos, marginados o simplemente ignorados en sus demandas por un gobierno que se despide con un triste récord de muertes en conflictos sociales.

Los hechos más graves se han dado en Puno. Confluyeron varios conflictos alrededor de proyectos mineros ilegal y arbitrariamente concesionados, que no fueron materia de consulta previa con la población, que son vistos como una amenaza al agua y al medio ambiente, o tienen un impacto contaminante, desatendido por la autoridad. Numerosos muertos y heridos ha sido el precio pagado por la derogatoria de normas que se han firmado con la pluma mojada en sangre. Los acontecimientos del sur aymara, de Azángaro y Ayaviri en Juliaca parecen haber encontrado un canal de encauzamiento, pero no tocan el tema pendiente en Carabaya, donde se rechaza la proyectada megahidroeléctrica de Inambari y su impacto negativo en la zona. Puno reafirma que el centro de la conflictividad social hoy, en el Perú, está en los proyectos de las industrias extractivas y particularmente mineras.

Es indispensable una zonificación del territorio nacional que, junto a la identificación de la presencia de recursos naturales, precise la vocación de las diferentes localidades y los problemas que el desarrollo de actividades extractivas puede traer sobre otras actividades y sectores sociales asentados en dichas áreas. Sin duda, la Ley de Consulta Previa debe ser prioritaria en la agenda parlamentaria para respetar los derechos de los pueblos originarios y las comunidades campesinas y nativas. Y el Estado debe asumir la responsabilidad de informar transparentemente a las poblaciones sobre los proyectos extractivos, garantizar confiables Estudios de Impacto Ambiental, ejercer una real actividad fiscalizadora sobre estos proyectos, en todos los terrenos, y, ciertamente, garantizar una adecuada participación del país y de las regiones en la gigantesca renta que hoy generan. Redefinir el manejo del sector extractivo es importante para desarrollar proyectos con licencia social y como parte de un plan de desarrollo nacional que promueva la transformación de nuestros recursos, dé valor agregado a nuestros productos y desarrolle ciencia y tecnología nacional vinculadas a estas actividades.

El espacio universitario es otro centro de conflictividad del que alertan Huancavelica, Tayacaja y Huancayo. Se crean universidades o mantienen instituciones que carecen de recursos económicos, infraestructura, material pedagógico y servicios adecuados y docentes calificados. Se ha generalizado la corrupción en numerosas sedes universitarias, conformando argollas que se enquistan en el gobierno o se reeligen ilegalmente. Ello va alimentado por la nula transparencia en las gestiones de gobierno y la falta de democracia interna que reclama la elección de las autoridades por el voto universal de los miembros de la comunidad universitaria. Estas demandas constituyen un espacio de conflicto que debe ser atendido con una nueva ley universitaria y la intervención donde se requiera.

Otros asuntos han de plantear el protagonismo del movimiento social: las demandas de los sectores laborales que reclaman por temas salariales, regímenes laborales y el abuso de las contratas y CAS, por derechos de negociación colectiva y la función tuitiva del Estado; las demandas de los pueblos originarios de ser reconocidos como tales y afirmar sus derechos integralmente; la problemática de los sectores agrarios abandonados a su suerte por un gobierno que sólo ha promovido la agroindustria exportadora y las industrias extractivas; y, ciertamente los emprendedores y pymes que están reclamando un trato promocional. Finalmente, es indiscutible que los pueblos están a la expectativa de los planes sociales de inclusión prometidos, para sentir en su bolsillo y en su calidad de vida los efectos de un crecimiento económico que ha sido ciertamente ancho, pero también ajeno para las mayorías.


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