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COLOMBIA - Se inició proceso de desmovilización de las FARC

Noticias Aliadas

Martes 28 de febrero de 2017, puesto en línea por Dial

27 de febrero de 2017 - Noticias Aliadas - Unos 7,000 combatientes se encuentran concentrados en 26 zonas donde procederán a la entrega de armas y se reinsertarán a la vida civil.

El 18 de febrero arribó el último grupo de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al municipio de La Montañita, en el sureño departamento de Caquetá, una de las 26 zonas donde se encuentran concentrados unos 7,000 guerrilleros como parte del proceso de dejación de armas y su reintegración a la vida civil.

Luego que la ciudadanía desestimara el Acuerdo de Paz en el plebiscito realizado el 2 de octubre —convocado para que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo al Acuerdo de Paz firmado el 26 de setiembre entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño— un segundo acuerdo fue negociado entre el gobierno y las FARC a partir de lo firmado, que fue refrendado por el Congreso el 1 de diciembre.

Según lo establecido en el segundo acuerdo, la entrega de armas se realizará entre el 1 de marzo y el 1 de junio ante una misión de las Naciones Unidas. Al término del proceso, las armas se fundirán y con el metal obtenido se construirán tres monumentos que se instalarán en Colombia, Cuba y Nueva York.

Los guerrilleros permanecerán concentrados durante seis meses, contados a partir del 1 de diciembre, plazo en el que recibirán capacitación laboral, se les entregará cédulas de identidad y serán registrados en el sistema de salud.

Para mayo se tiene previsto que las FARC realicen un congreso que les permita constituir su partido político legal. Durante los próximos dos periodos legislativos, las FARC tendrán asegurados un número limitado de escaños parlamentarios.

El líder guerrillero Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, encargado de la movilización de los combatientes de las FARC, denunció en una carta publicada el 8 de febrero la lentitud del gobierno para implementar las obras que permitan la instalación de los desmovilizados en 26 veredas (pequeñas unidades geográficas rurales).

“La caminata cuesta arriba hasta el descampado que debería ser la zona veredal pasó sin mayores novedades. Vecinos del área ondeando banderas blancas nos saludaban y se acercaban a la carretera a acompañarnos. Cuando llegamos al punto ya se encontraban en él las avanzadas que habían salido de los puntos de pre agrupamiento. Guerrilla y población de la zona miraban con asombro esa enorme área repleta de nada: ni los basamentos de las áreas comunes, ni los materiales esperados, ni un mínimo suministro de agua”, señaló Torres Victoria, jefe del Bloque Occidental Alfonso Cano, que operaba en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

El representante de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, manifestó a las autoridades colombianas el 17 de febrero que la mayoría de campamentos “ni están listos, de acuerdo con los criterios acordados con el gobierno, ni han sido delimitados con precisión”, lo cual puede desencadenar incidentes.

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y la canciller Ángela María Holguín, respondieron a Arnault que las principales dificultades han sido superadas y que “la construcción de los campamentos avanza a buen paso”. Indicaron, asimismo, que la delimitación corresponde al Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MMV), conformado por Naciones Unidas, el gobierno y las FARC, a la vez que expresaron su preocupación por el silencio del MMV “ante muchos hechos violatorios de los protocolos y las reglas que rigen al cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas”.

Avances en aspectos jurídicos

La desmovilización de menores de 18 años por parte de las FARC debe realizarse de inmediato, tal como se comprometió la guerrilla. Según Jaramillo, lo acordado es que una vez que las FARC se instalen en las zonas veredales y entreguen información del número de menores combatientes, “esos menores comenzarán a salir a unos lugares transitorios en cabeceras municipales cercanas, donde serán evaluados”.

Arnault, por su parte, insistió en la necesidad de que la entrega de armas se acompañe con avances tangibles en los aspectos jurídicos, socioeconómicos y de seguridad que permitan aliviar las preocupaciones de los guerrilleros.

El 18 de febrero, el gobierno emitió un decreto que reglamenta la Ley de Amnistía, aprobada el 28 de diciembre, que se aplicará a “delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos” cometidos antes del 1 de diciembre, cuando entró en vigencia el Acuerdo de Paz.

Las personas interesadas en recibir amnistía deberán presentar una solicitud y la oficina del Alto Comisionado para la Paz deberá confirmar si los solicitantes son integrantes de las FARC. Sin embargo, debido a que algunos delitos no pueden ser amnistiados, tal como lo establece la legislación internacional, aquellos combatientes que hayan permanecido encarcelados por cinco años podrán solicitar libertad condicional. Asimismo, guerrilleros condenados por delitos que no sean amnistiables y que estén privados de la libertad menos de cinco años, pueden solicitar su traslado a zonas veredales para terminar de cumplir su condena hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP, creada el 23 de setiembre del 2016, ejercerá funciones judiciales y formará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Esta instancia “cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”.

A pesar de las buenas intenciones, diversos analistas han manifestado su preocupación de que muchas de las reformas contenidas en el Acuerdo de Paz no sean continuadas por el próximo gobierno que será elegido en junio del 2018. Además, existe el riesgo de que el presidente estadounidense Donald Trump, que inició su mandato el 20 de enero, dé marcha atrás a la entrega este año de alrededor de US$450 millones comprometidos por EEUU para el postconflicto.


http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7394

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