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REPÚBLICA DOMINICANA - “Las víctimas y los familiares de víctimas necesitan respuestas.” Entrevista con Laura Pérez Díaz, directora adjunta del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana
Gabriela Read, Noticias Aliadas
Viernes 22 de septiembre de 2017, por
20 de septiembre de 2017 - Noticias Aliadas - El proyecto de creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes cometidos durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo (1930-61) aguarda por su lanzamiento, agazapado en un Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2020 en el que el Estado puso mucho empeño durante el año preelectoral, y del que se olvidó posteriormente a las elecciones de mayo de 2016.
La comisión ha sido impulsada en solitario por el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) desde el 2013, cuando inició la recogida de firmas para promover la idea en la sociedad dominicana. Tras haber obtenido 113,000 firmas, se presentó el proyecto de ley públicamente. En el 2015 fue acogido dentro de una iniciativa mucho más grande que buscaba convertirse en un instrumento de garantía de los derechos humanos en el país, en particular de los grupos más vulnerables.
La propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue trabajada durante el 2015 en consultas a cientos de organizaciones de la sociedad civil para su redacción, que finalmente el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez (2012-2016) —reelegido en el 2016— no concluyó, como denunció Amnistía Internacional (AI) en su Informe 2016/2017 sobre la situación de derechos humanos en el mundo, publicado en febrero pasado.
República Dominicana es de los pocos países que, habiendo vivido una cruenta dictadura, nunca tuvo una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del régimen trujillista que acabó con la vida de al menos 50,000 personas, de acuerdo con el registro del MMRD, sin incluir en esta cifra a las víctimas de torturas y desapariciones.
Gabriela Read, corresponsal de Noticias Aliadas, conversó con Laura Pérez Díaz, directora adjunta del MMRD, sobre el proyecto de creación de la Comisión de la Verdad.
¿Cómo puede explicarse que a más de 50 años de la dictadura de Trujillo el país no haya promovido la creación de una Comisión de la Verdad?
Aquí no hubo un proceso de transición. Con la muerte de Trujillo se decapitó la dictadura, pero el cuerpo continuó y se recicló con la dictadura de Joaquín Balaguer [1960-62, 1966-78 y 1986-96]. Muchos de los perpetradores durante la dictadura de Trujillo continuaron en los círculos del poder: el poder militar, el poder económico… no hubo una transición, porque en el momento de la transición se celebran las primeras elecciones libres, hay un golpe de Estado [1963], viene la Guerra de Abril [1965], y entonces vuelve el último presidente títere de la dictadura de Trujillo [Joaquín Balaguer]. En 1978 se inicia un proceso en el que el presidente Antonio Guzmán [1978-82] pone en retiro a muchos de los militares de Balaguer y eso es lo más que se hace aquí como proceso de transición. Aquí no hubo lo que se llama justicia transicional, que en el resto de Latinoamérica, sobre todo en el Cono Sur, sí la hubo.
¿Por qué hacerlo ahora?
Porque las víctimas y los familiares de las víctimas necesitan respuesta. La sociedad necesita saber qué pasó y por qué pasó. Con esas respuestas se puede empezar a construir el que no se repita. Muchas de las cosas que se quieren trabajar en el Plan Nacional de Derechos Humanos pasan por tener una Comisión de la Verdad. Un ejemplo es la reforma de la Policía Nacional. La policía que tenemos hoy en día es la misma que creó Trujillo, no ha habido ningún tipo de reforma: la misma estructura, la misma forma de entrar, la misma forma de ascender, etc.
¿Es posible que la paralización del Plan Nacional de Derechos Humanos esté ligada al hecho de que este incluye la conformación de una Comisión de la Verdad?
El plan estuvo listo para un año electoral y eso paraliza todo. La Comisión de la Verdad no era el único tema políticamente delicado que tenía el plan. El plan daba bastante visibilidad a los grupos LGTBI [de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersex], establecía derechos reproductivos de la mujer, derechos de los inmigrantes y, naturalmente, la reforma de la Policía Nacional. La verdad es que era un plan bastante amplio; en general los grupos que trabajaron estaban bastante satisfechos con el resultado, queríamos trabajarlo más, pero se consideró un gran avance, y ese tipo de avances no es fácil que lo lancen. En momentos de campaña y demás era un poco complicado, porque hay muchos intereses de todo tipo. La Comisión de la Verdad no era el único tema escabroso.
¿Cuáles dificultades puede presentar la operatividad de la comisión, a 50 años de la ocurrencia de esos crímenes?
Al no ser una investigación judicial, lo que se busca es establecer lo que pasó, o sea, los mecanismos: cómo estaba organizada toda aquella maquinaria de violación de derechos humanos… naturalmente cada día que pasa queda menos gente que vivió aquello y que puede testificar… pero al no ser judicial, no es para juzgar a los perpetradores. Es sobre todo para dar respuesta a esas preguntas y para ayudar al cierre de esa herida.
¿Se puede considerar que hay estructuras de violación de derechos humanos que aún no han sido visibilizadas?
¿Nunca te has preguntado cómo es que se controlaban los 48,000 km² de nuestro territorio? Siempre me llamó la atención. Se sabía todo, y uno que estaba en el último monte no se atrevía a nada, ni a pensar. ¿Cómo se lograba eso? Se lograba porque si tú delatabas al que hacía algo, era una forma de ascender social, política o económicamente. En el caso de los cuerpos castrenses, cuando tenían los famosos servicios especiales, por lo regular asesinatos, obtenían inmediatamente un ascenso. Era una maquinaria organizada para controlar y ejercer el terrorismo de Estado. No está documentado de manera organizada, pero sí hay referencias. Ese debe ser el trabajo de la comisión y eso serviría de aprendizaje porque siempre es posible volver atrás.
Y aunque la investigación no es judicial, una víctima puede apoyarse en ella para querellarse y que se inicie un proceso penal, porque nada puede prohibir a una víctima que sufrió una violación de derechos humanos iniciar su proceso.
