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NICARAGUA - Democracia a prueba (Manuel Bermúdez - IPS)

Lunes 29 de agosto de 2005, puesto en línea por Dial

La tensión política se intensifica cada día en Nicaragua, mientras se acerca el fin del receso de la Asamblea Nacional parlamentaria, que deberá decidir cuestiones cruciales.

SAN JOSÉ, 23 ago (IPS) - Cuando termine el receso parlamentario anual de 45 días, el 5 de septiembre, los diputados deberán tratar la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América Central, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta por sus siglas en inglés), el desafuero del presidente Enrique Bolaños y reformas constitucionales.

Las dos principales fuerzas políticas, el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), por una parte, y el gobierno, por otra, se encuentran enfrascados en una lucha de intereses y presiones que ha agravado la crisis social y económica de este país de 5,4 millones de habitantes.

Aunque el presidente fue electo por el PLC, está fuertemente enfrentado a la mayoría de ese partido, que sigue los dictados del convicto ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), condenado a 20 años de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero y que cumple la sentencia en su domicilio.

Analistas y activistas de la sociedad civil coinciden en señalar como origen de las turbulencias el pacto entre el izquierdista FSLN, encabezado por el ex presidente Daniel Ortega (1985-1990), y el derechista PLC, dirigido por Alemán.

«Esta es una crisis en espiral» que se acelera ante las expectativas y cálculos políticos para el proceso electoral de 2006, dijo en diálogo telefónico con IPS el analista y politólogo Alberto Cortés.

El pacto alcanzado en 1999 entre Ortega y Alemán fortaleció un modelo caudillista de conducción política, que atenta contra un esquema democrático, participativo y representativo, opinó Cortés.

Los dos ex presidentes acordaron un sistema de cuotas en los nombramientos de miembros de sus respectivos partidos en los poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el Comité Electoral y la Contraloría (fiscalía).

Esto les ha permitido ejercer control desde los poderes Legislativo y Judicial, añadió.

Algunas figuras, como el escritor y ex político Sergio Ramírez (quien fue un líder del sandinismo y vicepresidente durante el período de Ortega), creen que el pacto convirtió una democracia en ciernes en una «democracia secuestrada».

Los 38 diputados sandinistas y 43 liberales aprobaron en noviembre de 2004 reformas a la Constitución que, según Bolaños, redujeron las facultades del Ejecutivo, al quitarle el control de las empresas estatales de energía, agua y telecomunicaciones.

A su turno, el mandatario propuso a la Asamblea una nueva reforma para prohibir la reelección presidencial y la de legisladores que hayan ejercido durante dos períodos, lo que daría al traste con las pretensiones de los líderes del PLC y FSLN.

La activista Martha Cranshaw, de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, considera que no puede esperarse que la construcción de la democracia nicaragüense se dé a corto plazo.

El tono personalista de hacer política en Nicaragua obedece a que no se han fortalecido las instituciones democráticas y representativas, dijo Cranshaw a IPS.

Nicaragua pasó buena parte del siglo XX bajo el yugo de la familia Somoza. Derrocada la dinastía por la revolución sandinista, en 1980 se inició una etapa de inestabilidad por la contrarrevolución financiada por Washington, que se prolongó casi hasta los años 90.

«Este es un país que históricamente no se ha podido integrar, por ejemplo, la región Caribe y el resto del territorio, o el norte y el sur. No se cuenta ni siquiera con una infraestructura vial que lo integre, y eso favorece la fragilidad institucional», añadió.

Quizás con esa fragilidad en mente, la Organización de los Estados Americanos encomendó al ex canciller argentino Dante Caputo la tarea de facilitar una salida negociada a la crisis, tarea que se ha probado hercúlea.

El enviado especial se reunió con representantes de las partes en pugna y cuenta con el apoyo del cardenal católico Miguel Obando y Bravo como garante de las negociaciones. Pero no ha logrado siquiera concertar un encuentro entre los actores antes de que finalice el receso legislativo.

Las conversaciones iniciadas el 14 de enero se rompieron el 13 de abril, cuando Bolaños vetó las reformas constitucionales de noviembre, con base sobre un dictamen de la Corte Centroamericana de Justicia, que las había considerado no aplicables.

Ante la amenaza de ser acusado de desacato, Bolaños contraatacó promoviendo la investigación de los diputados por evasión fiscal, asegurando que no pagaban sus impuestos desde 2001.

El cumplimiento de la condena de Alemán también es objeto de choques. Una jueza había otorgado al ex presidente el privilegio de cumplir su sentencia en Managua, pero de inmediato el presidente ordenó que regresara a la hacienda El Chile y le impuso más restricciones a sus visitas y a sus movimientos dentro de la finca.

Dos comisiones especiales del parlamento recomendaron entonces el desafuero de Bolaños por delitos electorales en la campaña presidencial de 2001. Una acusación fiscal, emitida en 2002, comprende al mandatario y a más de 30 miembros del PLC, seis de los cuales son ministros.

Las comisiones también recomendaron retirar la inmunidad a tres ministros.

La amenaza del desafuero es real, puesto que requiere 61 de los 91 votos de la Asamblea, una cantidad inferior a los diputados liberales y sandinistas.

Mientras, el jefe del Ejército, Omar Halleslevens, manifestó el jueves 17 que las Fuerzas Armadas se mantendrían al margen de la crisis, pero añadió esperaba que los diputados pensaran bien lo que iban a hacer y buscaran lo que más convenía al país.

Según una encuesta realizada por la consultora de opinión pública M&R, 70 por ciento de los entrevistados rechaza la destitución del presidente, frente a 27 que apoya la medida. Pero 81 por ciento opina que Bolaños carece de capacidad para solucionar la crisis.

Otra de las cartas de la discordia es la aprobación del Cafta, firmado por Estados Unidos, República Dominicana y cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).

EL FSLN se opone al acuerdo, y el diputado sandinista René Núñez, quien preside la Junta Directiva del parlamento, podría aplazar la votación en el plenario hasta el año próximo.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua, Oliver Garza, realizó una intensa gestión de varias semanas para obtener la ratificación del Cafta.

Costa Rica y Nicaragua son los únicos firmantes del tratado cuyos parlamentos aún no lo ratifican.

El sandinista Ortega tomó la bandera de oposición al tratado y una postura anti-estadounidense, que tiene arraigo en el pueblo nicaragüense, a la vez que muestra sus vínculos con los presidentes Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez ,de Venezuela, para sugerir de qué lado de una eventual confrontación geopolítica se encuentra.

Mientras, Washington no oculta su apoyo a Bolaños. El propio Garza pidió a los legisladores del PLC que se apartaran de Alemán, poro sus gestiones no tuvieron ningún eco.

En un informe divulgado en junio, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) colocó a Nicaragua entre los cuatro países de América Latina (junto con Bolivia, Honduras y Paraguay) que no llegarán a reducir a la mitad la proporción de la pobreza extrema antes de 2015.

Ese es el propósito primero de los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio, cuyo cumplimiento regional analizó la Cepal.

La actividad económica de Nicaragua se expandió en más de cinco por ciento el año pasado, pero ese crecimiento no alcanza para abatir la pobreza, que afectaba a 45 por ciento de la población en 2001, según los datos divulgados por la Cepal.

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