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PERÚ - Alan y el fantasma del 79

Javier Diez Canseco, La República

Martes 17 de junio de 2008, puesto en línea por Javier Diez Canseco

16 de junio de 2008 - La República - Bastó que un puñado de congresistas nacionalistas desplegaran unos carteles en el hemiciclo para que –como en los viejos tiempos que Del Castillo pretende maquillar con «diálogo y concertación»– la bufalería se abalanzara sobre ellos para destruirlos violentamente. ¿Agraviaba al APRA el mensaje? ¿Los insultaba? No, ni siquiera había adjetivos. Decían: Restituir la Constitución de 1979. Claro, el mensaje mentaba al padre, Víctor Raúl, que la firmó en su lecho de muerte. Y evidenciaba el transformismo político al que García está sometiendo al APRA con las tesis del Perro del Hortelano.

No sorprende que liderara la agresión Nidia Vílchez, señalada por vínculos con grupos tipo Rodrigo Franco y con la desaparición de estudiantes en la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) durante el primer gobierno de García. Lo que estaba sobre el tapete es el afán alanista de modificar superficialmente la Constitución fujimorista (retornar a la bicameralidad, modificar el período de gestión de algunos funcionarios públicos, permitir la renuncia al Parlamento, etc.) y, dicen otros, tantear el camino para proponer la reelección de García, adalid del gran capital transnacional y sus felipillos. Pretendían imponer estos cambios sin referéndum, sin consulta ciudadana, por simple votación en el Congreso con más de 80 votos. Y por ello es que, al constatar que no tienen 80 votos, se irritan, agreden, suspenden el debate y clausuran la legislatura. ¿No pueden tener mayoría suficiente para acordar los cambios con sus amigos fujimoristas y de UN? Sí, tendrían más de 61 votos pero no 80, y ello exigiría consultarle al país si aprueba los cambios o no, un referéndum, con lo que medidas como la bicameralidad –por ejemplo– difícilmente pasaría la valla aprobatoria, y –ciertamente– se abriría un debate nacional sobre la necesidad o no de dar al traste con la espuria Constitución fujimorista y recuperar un sentido social, de justicia, democracia participativa y soberanía nacional en la Constitución que nos rija.

Por ello, la demanda de amplios sectores políticos y sociales de ir a una Asamblea Constituyente o retornar a la Constitución de 1979, que Haya de la Torre firmó, irrita tanto a Alan y a la derecha (como se ve en su prensa). Y es que, más allá de sus límites, la Constitución del 79 tiene un carácter garantista de derechos sociales (como la educación pública gratuita en todos sus niveles que Marta Hildebrandt quiere acabar de eliminar) y reconoce derechos laborales (estabilidad en el empleo, derechos sindicales, etc.) anulados o recortados en la fraudulenta Constitución del 93. La del 79 reconoce el carácter imprescriptible e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas sobre las que García tiene puesto el ojo para expropiarlas como eriazas cuando descansan o para forzar su venta y facilitar los negocios de las transnacionales dedicadas a la minería, la actividad petrolera o extractiva en esas tierras.

La Carta del 79 otorga al Estado atribuciones en la regulación económica y en la actividad empresarial pública que la del fujimorismo anuló para privatizar y extranjerizar los bienes estatales (minería, petróleo, pesca, electricidad, etc.), darles rienda suelta a las transnacionales y garantizarles toda clase de beneficios tributarios inamovibles (incluidos los «contratos de estabilidad tributaria» en la Constitución), combinados con la garantía de contar con una mano de obra barata y sin derechos fundamentales.

Peor aún, la Constitución fujimorista combina una suerte de prohibición del Estado de intervenir con empresas públicas en actividades productivas o de servicios, salvo que el sector privado no tenga interés en esas actividades (dejando así el lomo para el sector privado y el hueso para el estatal), con un recorte a un concepto histórico –presente en nuestras constituciones– en lo que refiere a la propiedad de la Nación sobre nuestros recursos naturales a efectos de que se considere que somos propietarios de ellos mientras están en la entrañas de la tierra, pero, una vez extraídos, los concesionarios tienen derecho de propiedad real sobre ellos y pueden disponer como lo deseen, perdiendo nuestra capacidad de disponer u orientar su uso en función de intereses nacionales de desarrollo o de atención a las necesidades de la gente. Así, por ejemplo, tendríamos poco o nada que decir sobre el destino del gas de Camisea que se descubra en tanto su comercialización (y el destino de ésta, ¿Chile?) sería de exclusiva responsabilidad del concesionario, a cambio de los minúsculos derechos que paga, siendo libre de fijar su precio de venta en el exterior.

Cuando en el país crecen la protesta social y la demanda de un nuevo rumbo para el país con el Paro Nacional del 9 de julio y los paros de la Amazonía y del Agro, resulta inaceptable un vulgar maquillaje a la Constitución del 93. Hay que poner el tema constitucional en la mesa de debate si aspiramos a recuperar el Perú para los peruanos.


Reproducción por iniciativa del autor.

http://www.larepublica.com.pe/content/view/226783/481/

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