MÉXICO - Tibia respuesta de Ombudsman de Colima ante agresión contra ambientalistas

4 de julio de 2008, México DF - Cimacnoticias - Jannethe Padrón Bataz, de 16 años, y su madre Margarita Bataz Navarro fueron detenidas el 5 de junio de 2007, en presencia del Gobernador de Colima, por las escolta de éste, agredidas, torturadas y desnudadas por agentes de procuración de Justicia del estado y privadas de su libertad en la Procuraduría de Manzanillo, pero las recomendaciones emitidas por el Ombudsman local a un año de los hechos son insuficientes e ineficientes.

Así lo consideró la asociación civil Bios Iguana en un comunicado, donde asegura que las recomendaciones 001/08 y 002/08, del pasado 24 de junio, en donde se pide al procurador Arturo Díaz Rivera investigue los hechos, repare el daño psicológico a las mujeres y concluya la denuncia penal que éstas realizaron, son ineficientes porque la agresión es resultado de un ataque directo del gobierno del estado de Colima.

Las afectadas presentaron desde el año pasado una denuncia penal, consignada bajo el expediente 037/2007, por el delito de lesiones y lo que resulte. Pero ante la falta de resultados, pues hasta hoy la Procuraduría y su titular, Arturo Díaz Rivera, no ha iniciado la integración de la averiguación previa –adelantó Bios Iguana— interpondrán un amparo ante el juzgado de Distrito, contra la Procuraduría y su titular.

Con ese amparo, afirman, la autoridad federal obligará a la Procuraduría colimense a dar resultados. Y si es necesario, solicitarán el expediente a la Comisión Estatal Derechos Humanos (CEDHC), incluidos los informes de la investigación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que apoyó al Ombudsman local en su indagación.

Los hechos

Los hechos, relata la organización no gubernamental Bios Iguana, ocurrieron 2 horas después de un acto público realizado el año pasado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente en el jardín principal de Manzanillo, en contra de la destrucción de la Laguna de Cuyutlán, ocasionada por la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna, realizada por el Ejecutivo del estado de manera ilegal y sin sustento técnico.

De acuerdo con los testimonios de las mujeres, al término del evento se dirigieron en camioneta hacia el poblado de Santiago. La conducía Benjamín López Campos, y viajaban también Rodolfo López Larios y Yuridia Guadalupe Trejo Bataz, otra hija de Margarita.

En el camino, narraron, el vehículo fue alcanzado por la comitiva oficial y sus ocupantes fueron detenidos y sometidos por la fuerza por escoltas del Gobernador y agentes policíacos.

Acusan las mujeres que las golpearon y ya en las instalaciones del Ministerio Público fueron encerradas en celdas por separado, obligadas a desnudarse totalmente y a toser y hacer sentadillas al mismo tiempo “para verificar que no portaban armas punzo cortantes en el ano”.

“Como mujer me trataron muy mal, nos golpearon, nos hicieron demasiadas cosas que la verdad nunca imagine pasar por ellas”, dijo Jannethe en una conferencia de prensa realizada en días pasados en Colima.

Fueron también obligadas a firmar sus declaraciones sin permitirles leerlas previamente. Y en la madrugada del día siguiente fueron puestos en libertad.

Exculpación de funcionarios

Las recomendaciones son limitadas “en cuanto a los alcances de una práctica de agresión deliberada por parte del Gobernador del estado y ejecutadas por el Procurador de Justicia del estado de Colima”, dice Bios Iguana. Había suficientes elementos testimoniales, testigos presenciales, pruebas médicas, físicas y psicológicas, realizadas por expertos.

Los visitadores de la CDHEC, José Fernando Dávalos Aguilar, Rosa María Guadalupe Vadillo Yánez y Noemí Vázquez Torres, no aceptaron incorporar en la queja al Gobernador del estado y al Procurador de justicia del estado como responsables de la agresión, aun y cuando Margarita Bataz Navarro aportó como prueba la foto de funcionario.

Las y los visitadores intentaron persuadir a las ambientalistas agredidos de retirar la queja, a cambio de que la Procuraduría retirara a su vez el presunto delito de ultraje a la autoridad en agravio del estado, con el que sus derechos “quedaban a salvo”.

Benjamín López y Yuriria Trejo retiraron de manera voluntaria su queja, sin que a la fecha se les entregue por escrito de la procuraduría de justicia del estado, lo ofrecido por los visitadores.

Activistas por Colima

Jannethe, Margarita y los demás detenidos trabajan desde hace una década en contra de la contaminación atmosférica provocada por la Termoeléctrica instalada al margen de la comunidad Campos, a la que ellas pertenecen, señala la organización Bios Iguana; también para evitar la instalación de la Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo en la margen de la Laguna de Cuyutlán e inmediaciones de la comunidad de Campos.

Han sido ponentes en foros oficiales de consulta pública para evaluar la modificación del Programa de Ordenamiento ecológico territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán y sobre el impacto ambiental del proyecto de la Terminal de Gas Natural, promovido por la Comisión Federal de Electricidad en la Laguna de Cuyutlán.

Interpusieron también, de forma pública, recursos legales en diversas instituciones de procuración de justicia, en contra de funcionarios municipales, estatales y federales que han autorizado las obras para modificar y potencialmente destruir la Laguna.

Y por 5 años consecutivos han realizado acciones pacíficas en el jardín principal de Manzanillo, conmemorando el “Día Mundial del Medio Ambiente”.

Ataque quirúrgico

La agresión a las mujeres y la privación de su libertad entre los días 5 y 6 de junio del año pasado constituye, dice Bios Iguana, “un ataque quirúrgico” en contra de ellas y de las otras tres personas que las acompañaban, un “método institucional oficial” para intentar criminalizar la participación ciudadana y la protesta social, señala la organización.

Deliberadamente, afirman la organización defensora de los derechos humanos, se violentó el Artículo 20 y el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 130 del Código Penal del estado de Colima; el 3 y 5 de la Ley estatal para prevenir y sancionar la tortura; el 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los Artículos 1 y 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

También el Artículo 25 del Derecho de Protección contra la Detención Arbitraria; los artículos 1,2 y 6 del Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la ley; los Artículos 1,2 y 9 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, proclamada por la Asamblea General de la ONU; Los artículos 7, 9.1 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 1.1 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y los artículos 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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