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Por estafa y fraude al Fisco
CHILE - La Moneda pide investigar delitos en beneficios a falsos detenidos desaparecidos
El Mostrador
Lunes 29 de diciembre de 2008, por
29 de Diciembre de 2008 - El Mostrador - Hoy el Ejecutivo presentará una denuncia en los tribunales de justicia y ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), al tiempo que estudia pedir un ministro en visita que indague sobre los cuatro casos.
El Gobierno presentará hoy una denuncia ante los tribunales de justicia y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que indaguen las irregularidades en la entrega de beneficios previsionales, luego que fueran detectados tres nuevos errores en la inscripción de detenidos desaparecidos.
La acción judicial estará centrada en los casos de Carlos Rojas Campos y Edgardo Iván Palacios, cuyos parientes recibieron bonos de reparación económica.
El escrito será presentado ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y eventualmente ante el Cuarto Juzgado de Garantía y se analiza la misma presentación ante el Ministerio Público.
De igual forma, La Moneda evalúa la posibilidad de pedir un ministro en visita que investigue estos tres casos más el de Germán Cofré.
Hoy en la mañana está prevista una reunión entre el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y los abogados Juan Pablo Hermosilla y Samuel Donoso, consigna el diario La Tercera.
Los casos
Al caso del falso detenido desaparecido Germán Cofre Martínez, quien apareció tras residir 35 años en Argentina, se suman Carlos Patricio Rojas Campos y Edgardo Iván Palacios, identificados durante más de 25 años como detenidos desaparecidos y cuyas familias recibieron compensaciones del Estado.
El subsecretario de la Presidencia, Edgardo Riveros, afirmó que la eventual reapertura de ambas comisiones "es una buena oportunidad, es una buena instancia para poder enfrentar situaciones presentes y también con perspectivas de futuro".
"Estos hechos que han ocurrido ciertamente son lamentables, pero hay que tener presente que desgraciadamente en Chile lo que ocurrió fue una violación sistemática a los derechos humanos y esa produjo desapariciones forzadas de personas y ejecución de personas sin juicio justo", afirmó Riveros.
La reapertura por seis meses de esas comisiones se encuentra en el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, iniciativa que no tiene urgencia alguna dada las discrepancias con las organizaciones de derechos humanos.
Defienden trabajo de comisiones
En tanto, ayer diversos sectores defendieron el trabajo realizado por las comisiones creadas para esclarecer las violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar tras la revelación de tres nuevos casos de falsos detenidos desaparecidos.
El vicepresidente de la Democracia Cristiana, (DC) Renán Fuentealba, defendió el trabajo de la comisión Rettig, que calificó "de una gran solvencia moral y apoliticidad a toda prueba", sosteniendo que ésta "entregó los beneficios a la luz de los antecedentes que le fueron proporcionados de buena fe".
La comisión encabezada por Raúl Retting, que elaboró el conocido como "informe Retting", en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos en Chile durante la dictadura, y estableció que hubo 3.197 víctimas, de las que 1.185 fueron detenidos desaparecidos.
"No hubo ocasión de poderlos chequear o cruzar con otro tipo de informaciones porque éstas no existían", dijo.
Fuentealba, indicó sin embargo, que de haber uso fraudulento de la situación para aprovechar las compensaciones, es necesario que se sancione a los responsables.
A su vez, el abogado defensor de los derechos humanos, Nelson Caucotto, afirmó que el camino para evitar más errores es la investigación judicial de cada caso, algo muy difícil.
"El ’informe Rettig’ es una obra humana, y como obra humana está expuesta a errores", afirmó Caucotto, e indicó: "a mí me parece que tres o cuatro casos que se han dado a conocer de 1.200 que son las víctimas desaparecidas me parece un número escaso".
FFDD: "Todo se ha hecho mal"
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (DD.DD), Lorena Pizarro, sostuvo que lo más grave de este asunto es que se debe a la falta de políticas de Estado, sobre este tema.
"El Estado no ha asumido su responsabilidad y no tiene políticas para enfrentar el tema. Hay una derecha que protege a quienes han violado los derechos humanos y (...) hay unas Fuerzas Armadas que todavía siguen descontando de sus sueldos el 1% para pagarle a los abogados que defienden a quienes los violaron", dijo Pizarro a el programa En Boca de Todos, de Canal 13.
"Hemos señalado que hay que crear una subsecretaría de DD.HH. La clasificación de víctimas no puede ser por plazos, porque (...) hay una avalancha de denuncias y ¿Con qué criterio y con qué rigor se clasifican?", agregó.
En ese contexto criticó la decisión de reabrir las comisiones Rettig y Valech, asegurando que nuevamente no se está escuchando a las organizaciones.
"Todo se ha hecho mal. Nosotros hoy nos cuestionamos cómo nadie corroboró en el registro civil la defunción de estas personas; o sea de qué manera se hizo, y además, de qué manera se va a seguir haciendo", alegó la presidenta de la organización.
"Alguien tuvo que haberla calificado, alguien supo hace unos años atrás (de sus situación) y no informó. ¿Qué pasó en el Patio 29 y la sala de identificaciones? Alguien identificó mal, siempre hay ese alguien", enfatizó.
