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ECUADOR - El gobierno Declara Caduca la Concesión Petrolera de Occidental Petroleum (por Milagros Aguirre, IPS)
Miércoles 31 de mayo de 2006, por
QUITO, may (IPS) - El retiro de Occidental Petroleum (Oxy) y el rechazo de un tratado comercial con Estados Unidos son reivindicaciones centrales de los movimientos sociales y de sectores políticos de Ecuador. Pero cuando el gobierno avanzó en ese sentido se observaron más señales de alerta que muestras de regocijo.
La orden dada a la empresa estatal Petroecuador de hacerse cargo de las instalaciones en el país de la compañía transnacional estadounidense Oxy, tras la cancelación de los contratos de concesión por parte del Estado, es vista por algunos sectores como un remedio más nocivo que la enfermedad.
Es que la decisión del gobierno de Alfredo Palacio cayó con todo su peso a las puertas de la campaña política para las elecciones generales de octubre.
Mientras los candidatos presidenciales ubicados del centro hacia la izquierda, como León Roldós y Rafael Correa, ven la medida como un triunfo del país frente a las "abusivas multinacionales del petróleo", en filas derechistas y empresariales se manifestaron "indignados" ante la "barbaridad" de ahuyentar el capital extranjero con "la pérdida de seguridad jurídica".
En tanto, la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exige ir más a fondo en la lucha por la soberanía económica. Su presidente, Luis Macas, si bien dijo que la medida es un logro de los ecuatorianos, apuntó que "aún falta por resolver el tema del tratado de libre comercio y que hay que dejar de mendigar a Estados Unidos".
Pero este proceso es de larga data. Oxy transfirió 40 por ciento de sus concesiones en Ecuador a la canadiense EnCana (hoy AndesPetroleum) en 2000 y cuatro años después el Procurador del Estado pidió al Ministerio de Energía y Minas iniciar el camino hacia la caducidad de los contratos por no contar con la autorización de las autoridades para esa transacción.
A esa irregularidad se sumaron denuncias contra Oxy por falta de inversiones mínimas comprometidas y reincidir en infracciones tales como "haber sido multada en seis ocasiones por no haber respetado tasas máximas de producción autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos y no notificar a este ente el inicio de la perforación de pozos.
El proceso legal culminó el 15 de este mes con la declaratoria oficial de la caducidad de la concesión a Oxy, empresa cuya producción en el denominado Bloque 15 representa casi siete por ciento de su actividad en el mundo y es casi tres por ciento de las reservas declaradas en campos bajo su control.
La respuesta de la firma estadounidense fue la presentación de una demanda legal contra el estado ecuatoriano por 1.000 millones de dólares, aduciendo incumplimiento del tratado bilateral de inversiones firmado por este país con Estados Unidos en agosto de 2003.
También reaccionó Washington suspendiendo las negociaciones en busca de un tratado de libre comercio con Ecuador, similar al ya suscripto con Colombia y Perú y que había motivado la amenaza de Venezuela de retirarse de la Comunidad Andina de Naciones, integrada por esos cuatro países y Bolivia.
Aunque la candidata presidencial del derechista Partido Social Cristiano, Cinthia Viteri, se mostró cauta, el diputado de ese sector Alfonso Harb fue contundente ante la televisión local al señalar que la medida fue tomada por "los nuevos dueños del país", que son, según dijo de modo general, 20 dirigentes indígenas, socialistas, de extrema izquierda y "tres o cuatro periodistas".
En el resto del espectro político parlamentario, la decisión es apoyada con mayo o menor énfasis, según las consultas realizadas por IPS. El diputado izquierdista Ricardo Ulcuango, del movimiento indígena Pachacutik, opinó que "este debería ser el inicio de la nacionalización de los hidrocarburos".
Por su parte, Luis Villacís, diputado del Movimiento Popular Democrática, comentó que "así se evita perder lo que hemos perdido con Oxy, más de 8.000 millones de dólares".
En ese marco, la Izquierda Democrática y Pachacutik decidieron suspender el juicio político que tenían previsto pedir para el ministro de Energía, Iván Rodríguez.
El gobierno de Palacio, que asumió en abril de 2005 por mandato del Congreso para suplantar a Lucio Gutiérrez tras ser derrocado por un levantamiento popular, no se ha alarmado por el contraataque de Oxy de pedir un arbitraje internacional.
"La mejor arma frente a esta acción es la prolijidad política con la que se actuó en el proceso", dijo a IPS el ministro de Gobierno (interior), Felipe Vega, mientras que el canciller, Francisco Carrión, se mostró convencido de que Washington tendrá "que respetar el ordenamiento jurídico de Ecuador, así como este país respeta el derecho jurídico de Estados Unidos".
Empero, Palacio envió de inmediato a Venezuela a Rodríguez y al ministro de Economía, Diego Borja, a buscar inversionistas para el sector petrolero, mientras su par de Comercio Exterior, Jorge Illingworth, se contactaba con empresarios para bucear el modo de que mitigar los impactos de no poder suscribir un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
El petróleo aporta a Ecuador casi 4.000 millones de dólares en ingresos anuales y financia entre 35 y 40 por ciento del gasto público. En el país operan, además de las empresas Oxy y Petroecuador, la canadiense EnCana, la chilena Sipec, la británico-francesa Perenco, la argentina Petrosud y la brasileña Petrobras.
El ministro Rodríguez explicó que el objetivo es negociar que el crudo ecuatoriano sea procesado en una de las refinerías de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), porque significa ’’un ahorro importante’’.
También se busca "definir los términos de cooperación entre las estatales petroleras de ambos países, que incluso podría extenderse, hasta la compra de derivados", anunció el ministerio en un comunicado de prensa.
Venezuela y México figuran entre los posibles socios estratégicos de Ecuador para operar los campos que explotaba la firma estadounidense. Otras candidatas a una alianza son las empresas ENAP, de Chile, Ecopetrol, de Colombia, y Petrobras.
Ecuador y Venezuela reactivaron sus relaciones petroleras en agosto pasado, cuando Pdvsa envió 660.000 barriles de crudo para ayudar a superar una crisis derivada de huelgas y movilizaciones en la Amazonia contra las multinacionales petroleras.
En el marco del terremoto provocado por la caducidad de la concesión a Oxy, el canciller Carrión informó que Quito será sede de una reunión de la Comunidad Andina de Naciones para intercambiar opiniones sobre la posibilidad de un acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea.
El anuncio fue interpretado como una maniobra de Bolivia destinada a apoyar a Ecuador en su pleito petrolero con Estados Unidos y a hacer contrapeso a Perú y Colombia, percibidos como próximos a Washington tras las firmas de sus respectivo acuerdos comerciales bilaterales.
A criterio de Carrión, "el tratado con Estados Unidos no está muerto, porque no hay un acta de defunción". Pero agregó que las acciones diplomáticas del gobierno están dirigidas a analizar posibilidades comerciales con otros países.
Rechazó, además, las versiones de analistas en el sentido de que Ecuador pretende integrar una alianza regional antiestadounidense con Venezuela, Bolivia y Cuba.
Mientras, la Procuraduría arma la defensa frente a la demanda de Oxy, cuyos costos rondan los 250.000 dólares al mes en un proceso que puede durar, como mínimo, un año.
En el arsenal jurídico se cuentan no sólo los argumentos legales que llevaron a la caducidad del contrato sino la denuncia de ingenieros de Petroecuador acerca de que Oxy perforó tres pozos en Edén Yuturi, en el sudeste del país, que no eran de su propiedad.
Dirigentes indígenas indicaron, además, que este será este el momento para probar los daños ambientales de la compañía en su operación en la Amazonia, según han denunciado.
En tanto, en las instalaciones de Oxy las cosas no han sido fáciles: decenas de trabajadores abandonaron el campo Edén-Yuturi y 300 más dejaron sus puestos en otro, llamado Limoncocha, muchos otros fueron suspendidos o reubicados.
Petroecuador necesita de 30 millones de dólares para cancelar las deudas de Oxy con firmas prestadoras de servicios, además de dinero para mantener la producción de 100.000 barriles diarios en el Bloque 15, que significa cerca de 20 por ciento del total del país.
Gerald Ellis y Daniel Almaguer, ejecutivos de la empresa Oxy, se reunieron la penúltima semana de este mes con el presidente de Petroecuador, Fernando González, con funcionarios y con un notario público.
Ellis, gerente de la petrolera, pidió estabilidad y buen trato para su personal técnico, tras indicar que la empresa está presta a trabajar en conjunto con Petroecuador, aunque puso énfasis en que no está de acuerdo con la decisión de declarar la caducidad de los contratos.
