COLOMBIA - Una democracia trucha

Falsa, fraudulenta, así define la Real Academia de la Lengua Española, el significado de la palabra trucha. El adjetivo le cabe perfectamente a la democracia colombiana, según se desprende de las observaciones de la Misión enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios legislativos del pasado 14 de marzo.

Las elecciones dejó un Congreso dominado por los partidos que respaldan al presidente Alvaro Uribe, y donde el nuevo Partido de la Integración Nacional (PIN), fundado por los políticos involucrados con las bandas paramilitares –que es casi lo mismo decir narcotraficantes- tendrá un papel decisivo.

El futuro de la democracia, por definirla suavemente, recortada, es todavía más incierto. Apenas tres días después de los comicios, otros 17 militares involucrados en los casos de los “falsos positivos” fueron liberados, y un periodista que denunció tramas de corrupción y vínculos de los políticos con los paramilitares, fue asesinado poco después que le quitaran la custodia policial.

Compra de votos, violación del secreto del sufragio, amenazas de grupos armados, falta de testigos partidarios en las mesas de votación, posibilidad de distorsión de los datos de la votación, financiación ilegal y presencia activa de políticos vinculados al nuevo paramilitarismo, fueron algunas de las características más destacadas de las elecciones legislativas de Colombia del pasado domingo 14.

Pese a las denuncias sobre las faltas de garantías de los comicios legislativos, y aunque la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) constató graves irregularidades, ningún organismo regional o internacional se atrevió siquiera a protestar y al menos advertir sobre las graves carencias del sistema electoral y lo limitado de la democracia colombiana. Si cualquiera de las fallas detectadas en Colombia se hubieran producido en Venezuela, toda la prensa del mundo y varias instituciones internacionales estarían reclamando contra el autoritarismo y el recorte de las libertades.

El presidente norteamericano, Barack Obama, que ha cuestionado al gobierno venezolano, triunfante de más de 8 procesos electorales, felicitó por su parte al presidente Alvaro Uribe por la vigencia de la democracia en Colombia.

El jefe de Estado de la Casa Blanca, en su afán de asegurar las siete bases militares prometidas en ese país, tendrá que soportar un nuevo Congreso donde los legisladores vinculados al paramilitarismo –que es casi lo mismo que decir el narcotráfico- tendrán una papel decisivo.

Las observaciones de la OEA

La Misión de Veeduría Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró que las elecciones del domingo 14 de marzo fueron las menos violentas de la historia reciente de Colombia, y prácticamente con esa observación concluyó los aspectos positivos.

Para la Misión, se repitieron la mayoría de irregularidades detectadas en las elecciones de octubre de 2007, cuando fueron escogidos los gobernantes locales y regionales. Es decir que la gravedad de la falta de garantías se mantiene y además comprometen las elecciones presidenciales del 30 de mayo próximo.

En casi la mitad de los reportes de los observadores no se respetó uno de las características fundamentales para garantizar la limpieza de los comicios, el secreto del voto. Otro de los problemas detectados por la Misión de la OEA, está vinculado a ese aspecto. En muchos lugares se constató la compra de votos. Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño y Norte de Santander, fueron los departamentos donde se constató ese fenómeno tanto en el 2007 como ahora.

Según la OEA, en Magangue (Bolívar), algunos electores salían de las mesas de votación y caminaban, a pocas cuadras de distancia, a las mesas que algunos partidos habían instalado como “orientación al elector”. Un observador de la OEA informó que fue preguntado por uno de los votantes si era él quien pagaba por el voto.

En Barrancayuca, un corregimiento de Magangue, tres personas fueron detenidas comprando votos. En varios puestos de votación del departamento del Magdalena, una vez que la gente había votado, algunas personas les indicaban el lugar donde tenían que dirigirse.

En Soledad (Atlántico), se cambiaban los votos por becas de estudio; en Cundinamarca, se repartían sándwiches con un billete de 20 mil en el empaque. En Nariño, circuló mucho dinero en efectivo.

En las elecciones regionales de 2007, la Misión de la OEA había advertido ya de la compra de votos y de la necesidad de aumentar la vigilancia y efectuar controles a la financiación de las campañas electoral, ante lo que advertían, era un peligro para la legitimidad de la democracia colombiana.

La Misión de la OEA, instalada en Colombia desde varios días antes de las elecciones, volvió a insistir en reclamar controles e investigar las denuncias, aunque sin éxito. Hasta hoy se sabe que hay 19 senadores elegidos con las maquinarias de los para-políticos condenados o procesados por la justicia y algunos de ellos, incluso, enfrentan investigaciones preliminares por estos oscuros vínculos. Provienen de varios partidos. Con los antecedentes más preocupantes hay siete senadores de PIN, y con algún tipo de nexo hay ocho del Partido de la U, dos conservadores, un liberal y uno de Cambio Radical. En la Cámara, calculan los expertos, la lista es más extensa.

Los observadores de la OEA cuestionaron también la falta de capacitación de los jurados de las mesas de votación, lo que llevó a que los procedimientos no fueron uniformes y variaron de mesa en mesa. La OEA también registró con preocupación el “insuficiente dominio” que muchos jurados tenían sobre los mecanismos de escrutinio. Eso complicó el llenado de las actas.

Al mismo tiempo, no todos los partidos pudieron designar testigos acreditados en las mesas de votación, y en otros casos se denunció que cuando los testigos de un partido llegaban a una mesa a acreditarse, ya estaba inscripto uno testigo falso enviado por otra colectivdad política.

La senadora reelecta, Piedad Córdoba, denunció las amenazas de grupos armados a sus votantes.

La Misión de la OEA señaló también las fallas en el sistema de transmisión telefónica de datos preliminares. Sobre este mecanismo dijo que “no cuentan con un sistema eficaz de autenticación, verificación y auditoría, generando así un riesgo de distorsión de los mismos”. Por último, la delegación también cuestionó el sistema de votación por tarjetones que confundió a los votantes menos preparados.

Otras instituciones también hicieron cuestionamientos

Además de la Misión de la OEA, varias organizaciones colombianas realizaron cuestionamientos al proceso electoral del domingo 14. Además de repetir las mismas observaciones de la OEA, destacaron como indicio de irregularidad el desproporcionado aumento de la participación electoral en algunos departamentos.

El diario El País denunció que en el Valle, con un aumento del potencial de apenas 10 por ciento, los votos válidos crecieron el 28 por ciento en promedio. Los grandes ganadores de esta avalancha de votantes en el Valle fueron el Partido de la U –es decir de Uribe-, que aumentó en un 70 por ciento en comparación con 2006, y el PIN –vinculado a la parapolítica-, que frente a sus antecesores, MPU y Convergencia Ciudadana, creció en un 66 por ciento. Nariño, un departamento azotado por la disputa por el control de rutas del narcotráfico entre diferentes actores armados. Allí el número de personas que pueden votar subió entre 2006 y 2010 en un 11 por ciento, pero el número de votos válidos creció en un 23 por ciento

En Cauca, hubo 21 por ciento más votos que en 2006, bastante por encima del 12 por ciento en que aumentó su potencial de votantes. La Misión de Observación Electoral colombiana informó que había recibido una denuncia cada tres minutos a lo largo de la jornada, sobre todo por compra de votos, constreñimiento al elector e intervención indebida de funcionarios a favor de uno u otro candidato. La red de reporteros de Votebien.com recibió 42 denuncias palpables de alguna modalidad de fraude.

El centro estatal de recepción de denuncias, reveló que recibió 82 llamados de alerta de los ciudadanos, algunos insólitos como el de los presos de la cárcel de Aguadas que dijeron que los guardianes los estaban obligando a votar liberal. Desde fines de enero, el centro estatal había detectado 102 anomalías en todo el país, como la que denunció el senador electo Juan Manuel Galán por compra de votos a favor del partido PIN –vinculado a los paramilitares- en Bolívar.

Empresa de mercenarios contaba los votos

Concluida la votación el domingo, la población se quedó sin conocer resultados claves –en especial la interna presidencial del Partido Conservador- debido a fallas en el sistema de conteo de votos y de su divulgación pública. A las 11 de la noche, hora en que la Registraduría había anunciado que daría a conocer el 95 por ciento de los resultados, apenas se llegaba al 70 por ciento y en la capital, Bogotá sólo el 40 por ciento.

La empresa que tenía a cargo esta tarea se llama ID Systems S.A. Tres días más tarde, el Consejo Nacional Electoral le ordenó a esta firma detener los escrutinios hasta que reemplazara su software por uno más adecuado y finalmente ID Systems le delegó el trabajo a otra compañía. La empresa alegó que un hacker saboteó el sistema y diluyó así su responsabilidad. Sin embargo, la misma empresa ya estuvo en otros sonados y escandalosos casos en el país.

Según reveló la revista Semana, la misma empresa había sido subcontratista de la multinacional de seguridad y defensa Blackwater, y había reclutado personal para enviar a Irak. En el 2006, 35 mercenarios colombianos atrapados en Bagdad denunciaron que ID Systems y su principal accionista, José Arturo Zuluaga, los habían estafado y les habían quitado sus billetes de avión para impedirles cualquier posibilidad de regresar al país. Según Semana, quien coordinaba esta operación en ID Systems era el capitán Gonzalo Guevara, asesinado en Bogotá un año después. Una de las hipótesis de las autoridades que investigan el crimen es que tuvo que ver con su participación en el negocio con los mercenarios.

Pero la empresa tiene otro antecedente más sospechoso aún, según reveló la revista colombiana. Antes, con el nombre de Erisan, logró un millonario contrato con la Registraduría-la misma que la contrató para el conteo de votos- para fabricar las cédulas de ciudadanía en los años 90. La firma alcanzó a producir siete millones de documentos de identidad entre 1993 y 2000. Al culminar el contrario, el responsable de la empresa, el mismo Zuluaga, no entregó las claves que le permitían al Estado acceder a los millones de datos que quedaron en la memoria de sus equipos. Después de mucho tiempo sólo fue posible abrir estos archivos en Estados Unidos. Esto coincidió con varios escándalos cuando se supo que información vital de los colombianos estaba llegando de forma clandestina a empresas norteamericanas. ¿También le habrán llegado anticipadamente los resultados electorales?

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