ARGENTINA - La causa Malvinas, la unidad nacional y la integración latinoamericana (II)

La solidaridad latinoamericana

Malvinas trascienden a la dictadura militar y es mucho más que un archipiélago, es la punta del iceberg en la lucha de las grandes potencias por ocupar y controlar los últimos espacios no explotados del planeta, y una oportunidad para que Argentina no sea un Estado menor en el orden jerárquico de un mundo multipolar. Gracias a las provocaciones de David Cameron, la causa de las Malvinas se latinoamericanizó y Londres acusó el impacto al ver que su pertinaz colonialismo suscitaba creciente repudio a la vez que solidaridad con la Argentina en esta parte del mundo y que Washington admitía, para desasosiego británico, que había un problema de soberanía que debía discutirse bilateralmente.

La controversia sobre la soberanía del archipiélago involucra al menos tres aspectos que hacen al interés común de América latina:

a) la explotación de recursos naturales de nuestros espacios marítimos, renovables (si no se los depreda), como la pesca, y no renovables, como el petróleo;
b) el acceso a la Antártida, fuente segura de enormes riquezas minerales e hidrocarburíferas cuyo tratado, que deja “congelados” los reclamos de soberanía sobre ese territorio, debería ser renovado en fechas próximas; y
c) el acceso al paso bioceánico a través del Estrecho de Magallanes, de extraordinaria importancia en la hipótesis de que por diversos motivos fuese inoperable el Canal de Panamá.

Cabe recordar las posiciones solidarias adoptadas por CELAC (América Latina y Caribe) y UNASUR (América del Sur), junto a la decisión de los países del MERCOSUR al negar el uso de sus puertos a embarcaciones con la ilegal bandera kelper.

Más allá de los procesos de integración regional y las alianzas estratégicas, según la agencia de inteligencia global Stratfor, Brasil está dispuesto a apoyar a la Argentina en su reclamo por las islas Malvinas porque no quiere a Gran Bretaña cerca de sus yacimientos de petróleo.

Derecha e izquierda

La reivindicación del gobierno argentino coincide o desata, a la vez, un clima de nacionalismo de distintos calibres, de raíz popular o aristocrático, de liberalismos enajenantes u oportunistas, y también de anglofobias y anglofilias. Hasta un grupo de periodistas e intelectuales argentinos, alineados hoy con la derecha proimperial, insisten en la autodeterminación de los isleños. Desde sectores de izquierda dicen que los Kirchner pretenden construir soberanía mientras son entregados al extranjero meramente como mercancías recursos naturales estratégicos del país, como en megaminería e hidrocarburos.

Pero no hay que olvidar que simultáneamente con la fuerte militarización de la base británica Mount Pleasant, entra oficialmente en operaciones la primera base paramilitar del Comando Sur de los Estados Unidos en territorio continental argentino. Encubierta como centro de respuestas a emergencias naturales, se trata de un centro de inteligencia militar, monitoreo y adoctrinamiento de la población civil dirigido por el coronel Edwin Passmore, activo de Irak, Afganistán y Kuwait y expulsado de Venezuela por espionaje.

El tema Malvinas, más allá de la solidaridad latinoamericana, también implica la descolonización mental y la necesidad de asumir la etapa de construcción de nuevas sociedades, iniciando –o prosiguiendo- el modelo de sustitución de importación de ideas. Después de 1982, Gran Bretaña hizo de las islas una cuestión de orgullo imperial y militarizó la zona entusiasmada con la posibilidad de extraer petróleo por 200 mil millones de dólares.

Una causa coyuntural para la militarización del Atlántico Sur está asociada al manejo por la administración Cameron de la crisis política y la revuelta social interna por la desocupación, pero otra causa de fondo es que desde 2000 la producción de hidrocarburos en el Mar del Norte está decreciendo. El Reino Unido está pasando de exportar a importar gas. Está previsto el paulatino cierre y desmantelamiento de las plataformas petroleras del Mar del Norte hasta el 2035.

También cabe aclarar que la base militar inglesa de Malvinas, la más importante de la OTAN en el hemisferio Sur, fue adquiriendo esa dimensión no luego de la guerra del 82, sino después de firmados y estando vigentes los Acuerdos de Paz con el Reino Unido de 1990. Y que la explotación petrolera comenzó luego que el expresidente Carlos Menem firmara un nefasto convenio, que fuera bien derogado en el 2007 por Néstor Kirchner. Pero que tampoco Argentina hizo nada efectivo cuando la Unión Europea incorporó en su Constitución a las Malvinas y el territorio antártico británico como territorios de ultramar europeo

En definitiva, hay que hacerse cargo de los errores cometidos antes, durante y después de la guerra de 1982. En democracia, Malvinas debe ser una política de Estado. Una política integral, sin doble discurso y también sin derrotismo.
Petróleo y dudasn Apenas iniciado abril, la cancillería argentina se mostró satisfecha cuando la petrolera British Petroleum, de capitales ingleses, anunció que no participa en actividades de exploración de hidrocarburos en la región del Atlántico Sur “ni tiene planes de hacerlo en el futuro”. La aclaración por parte de la empresa británica llegó en respuesta a una nota que el Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado a mediados de marzo, advirtiendo que el gobierno argentino avanzaría con “acciones administrativas, civiles y penales” contra las compañías que participaran de la exploración y perforación de la zona aledaña a las islas Malvinas, por considerar que actúan en sentido contrario a lo indicado por las Naciones Unidas en diversas resoluciones.

Esa empresa británica tiene intereses en la Argentina: está a cargo, a través de la compañía Panamerican Energy, del mayor yacimiento de petróleo del país, Cerro Dragón, en la provincia de Chubut. La concesión se extiende hasta el año 2043. El alcance de la decisión argentina de avanzar legalmente no incluye sólo a las empresas del rubro petrolero que participen directamente sino también a las que brinden apoyo logístico, asesoramiento o financiamiento. Esto incluye bancos, brokers y analistas de riesgo, entre ellas algunas de peso internacional como Crédit Suisse, Barclays, Merril Lynch y Goldman Sachs.

Mientras, sectores de la izquierda -entre ellos Mario Cafiero y Pino Solanas-denuncian que posiblemente tras las bambalinas se consolida definitivamente el formidable negocio de la explotación del petróleo de Malvinas por parte del Reino Unido, mediante la conjugación de dos medidas dictadas recientemente por el actual gobierno. Una fue la ley 26.552 de fijación de los límites de la Provincia de Tierra del Fuego, por la cual las islas Malvinas y la Antártida Argentina pasaron a ser jurisdicción de esa provincia, que se convirtió así en la más extensa de la Argentina y con la relación habitante por territorio más baja del planeta.

Indican que pese que se ha querido mostrar a esta ley como una medida de reafirmación de la soberanía en los territorios usurpados, en los hechos provoca una minimalización del conflicto por Malvinas, que pasará en la práctica a ser un conflicto interno de dicha provincia, y no de la Nación Argentina. El conflicto geopolítico actualmente más importante, por el dominio de las islas del Atlántico Sur y los extensos territorios marítimos circundantes, cuyos verdaderos antagonistas son el Reino Unido, con sus aliados europeos; y Argentina, con sus potenciales aliados sudamericanos, corre el riesgo de ser minimizado así en una disputa de poca monta entre malvinenses británicos y fueguinos argentinos.

La otra medida fue la cesión que hizo el Poder Ejecutivo Nacional del 50% de las regalías de la explotación off shore de petróleo, incluidos los de la zona en disputa, a favor del Fideicomiso Austral creado por dicha provincia. La articulación de esas dos medidas, dictadas en simultáneo al desembarco británico con miras a explotar el petróleo de Malvinas, sumadas a la facultades constitucionales otorgadas a las provincias respecto a dominio originario de los recursos naturales, y de realizar acuerdos internacionales, posibilitan que la gobernadora Fabiana Ríos puede concretar discretos acuerdos de explotación de petróleo con las compañías que están operando o pretenden operar en la zona de disputa.

Estas empresas encuentran como obstáculo legal la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a no innovar unilateralmente en la explotación de los recursos del área en disputa. Recibiría así –especulan los de nunciantes- la provincia de Tierra del Fuego el pago de una simbólica regalía del orden del 3%, que la contraparte británica o los isleños, como ya lo han deslizado de distintas maneras, no imputarán como pagos de regalías (que puedan esgrimirse como un reconocimiento de soberanía argentina) sino como servicios ambientales prestados desde las costas del continente.

Seguramente por esta razón el Reino Unido astutamente insiste en que la cuestión del petróleo es “un asunto exclusivo de los isleños”, porque es la única vía que tiene para legitimar su despojo a los argentinos, cuya explotación, tal como lo pretende hacer por su cuenta Brasil, podría brindar una era de prosperidad a Argentina, como sucedió en su momento con Noruega, Dinamarca, Holanda, y Gran Bretaña con los yacimientos del Mar del Norte.

Estos sectores señalan que Argentina debería requerir que se declare una moratoria en la exploración y explotación petrolera del área en disputa, hasta tanto se haya dirimido la cuestión de la soberanía sobre la misma. Sería la manera concreta de obligar al Reino Unido a encarar negociaciones por la soberanía. Y la única manera de asegurar que dicha actividad pueda desarrollarse con los debidos apoyos desde el continente, conforme los referidos principios del Derecho Ambiental, sin convertirse en una aventura que podría deparar resultados catastróficos.

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Alvaro Verzi Rangel es Analista del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia