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PARAGUAY - La crisis en su segunda parte, el rol de los actores

Carlos Gutiérrez P

Lunes 16 de julio de 2012, puesto en línea por Claudia Casal

11 de julio de 2012 - Revista Atenea - La crisis política en Paraguay ha entrado en su segunda fase, que dice relación con la reacción que tendrán tanto los actores sociales internos como los actores externos multilaterales, que incidirán directamente en la evolución del curso de las acciones y en la forma que se superará la facticidad del nuevo régimen.

Hasta ahora se ha ido organizando una paulatina resistencia civil interna, proveniente de las organizaciones sociales que se sintieron identificadas con el proyecto socio-político del presidente Lugo, pero particularmente de los sectores campesinos que aparecen como los más afectados con este golpe fáctico, ya que detrás de la actual élite gobernante, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, ha sido muy evidente el concurso de los grandes terratenientes y empresas transnacionales dedicadas a las biotecnologías.

Esto proyecta un panorama poco auspiciador para la continuidad pacífica del desarrollo político paraguayo, teniendo en cuenta las enormes tensiones que históricamente se han incubado y las que se agregan hoy día, con la interrupción de un programa político que se centró en las necesidades masivas del pueblo paraguayo. Es bueno recordar que el Partido Colorado, mayoritario en el Parlamento y actor fundamental en el golpe al presidente Lugo, fue el soporte de la larga dictadura del General Stroessner, que pauperizó y violentó al pueblo paraguayo.

Por otro lado, la escuálida organización armada EPP, con raíces campesinas y a la cual se le adjudica responsabilidad en la ingobernabilidad de ciertas zonas rurales, pudiera adquirir una fortaleza, organización y legitimación inaudita, producto de la acción de fuerza de la oligarquía, lo que repercutiría en una escalada de confrontación y desobediencia civil de otros estamentos sociales urbanos que fueron plataforma de apoyo al presidente Lugo.

Teniendo en cuenta las particularidades históricas y geopolíticas de Paraguay, la comunidad internacional no ha sopesado con la rigurosidad necesaria lo que implicaría una tendencia desestabilizadora en ese país, que hoy contaría con los argumentos políticos y morales para enfrentarse a una acción golpista, basados en la legítima defensa y la rebelión frente a una acción de fuerza de una oligarquía que ha desconocido la voluntad popular y al presidente de la República legítimamente constituido.

De este movedizo panorama pueden aprovecharse otros actores interesados, como son el crimen organizado en torno al narcotráfico, traficantes de armas y otras variantes de nuevas amenazas y riesgos, que aportarían mayores problemas, al país y a la subregión.

La comunidad internacional paulatinamente ha ido tomando resoluciones que apuntan a hacer efectiva las respectivas cláusulas democráticas, como MERCOSUR y UNASUR, que fueron concordadas para proteger a la democracia, dejando a Paraguay fuera de las instancias y debatiendo todavía qué otras medidas pueden ser ejecutadas. Por ahora se han evitado sanciones más drásticas que tengan que ver con ámbitos económicos y comerciales, aduciendo como argumento los negativos impactos en la población paraguaya.

Mientras tanto, la OEA sigue debatiendo su accionar, aunque el secretario General, José Miguel Insulza, ha planteado la inconveniencia de la expulsión de Paraguay del organismo hemisférico, también basado en el argumento de no profundizar el daño al pueblo y la oportunidad de influir en el proceso futuro.

Si bien es valorable que la comunidad regional haya actuado con prontitud, no se puede ser tan optimista acerca del resultado que puedan tener las medidas que hasta ahora se han aprobado, sobre todo si éstas no son lo necesariamente profundas para que repercutan en la actual oligarquía gobernante en Paraguay.

Resulta sorprendente que los argumentos centrales giren en torno a los posibles daños al pueblo paraguayo y al respeto a la soberanía nacional.

Lo contradictorio es que justamente el formalismo golpista de la élite paraguaya pasó por encima de los intereses de una mayoría social pauperizada y postergada, privilegiando el mantenimiento de esquemas de distribución de la riqueza altamente concentrada y que, una vez hecho nuevamente del poder ejecutivo, seguirá en ese modelo económico y político. La soberanía popular fue aplastada, asumiendo que el presidente fue electo en un comicio legal y legítimo, sin tener posibilidad de defensa ni de haber concurrido a una acción plebiscitaria para poder dirimir el conflicto entre dos poderes del Estado.

El planteamiento de los organismos multilaterales de confiar en una recuperación democrática apelando a las elecciones presidenciales del próximo año tampoco es un aporte sustantivo a las cláusulas de defensa de la democracia, por la sencilla razón de que se le entrega legitimidad a las instituciones actuales, las que dieron el golpe, para dirigir el proceso electoral; sin las garantías de respeto por la voluntad popular, puesto que ya fue demostrado que el que resultase electo puede ser destituido del poder; sin igualdad de condiciones, ya que las fuerzas sociales progresistas que llevaron a Lugo a la Presidencia son las que están siendo reprimidas y perdiendo cuotas de poder que gozaban en la actualidad.

Es sabido que los instrumentos se deben evaluar en la medida de su contraste con la realidad, y en ese sentido las cláusulas democráticas de nuestros organismos regionales tendrán su momento de examen.

De nada servirán si el formalismo golpista en Paraguay se consolida, puesto que será un indicador de que las destituciones de los presidentes legítimos solo ha cambiado de forma; que las oligarquías han descubierto una novedad formal al interior del ordenamiento jurídico que les permite hacer lo mismo que décadas atrás hacían recurriendo brutalmente a las fuerzas armadas y que, de la misma forma, la comunidad internacional era solo un espectador más.

La comunidad de países, reunida en estos organismos multilaterales, tiene que dar una señal potente en relación a que la democracia, el respeto a los derechos humanos y la soberanía popular son valores indiscutibles para construir una armonía vecinal, un ambiente de seguridad y confianza, un intercambio comercial justo, puesto que solo en la medida de la existencia de estos valores y las interrelaciones mutuas, obtenemos una ganancia compartida y duradera, digna de llamarse proceso de integración.


Publicación por iniciativa del autor.

FUENTE: Revista atenea

Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile, director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.

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