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AMERICA LATINA - Planes antipobreza : necesarios pero insuficientes (Elsa Chanduví Jaña, Noticias Aliadas)

Viernes 21 de octubre de 2005, puesto en línea por Dial

29-09-05 - Noticias Aliadas - Muchos de los gobiernos de la región encuentran en la entrega de dinero en efectivo a familias pobres un mecanismo para sacar de la indigencia a ese sector de la población. Sin embargo, para muchos estos planes no son suficientes para atacar la pobreza.

El más reciente de estos programas es Juntos, aprobado por el Congreso peruano en junio y cuya ejecución se inició en setiembre, a 10 meses del término del mandato del presidente Alejandro Toledo. Juntos entregará más de US$6 millones a unas 200,000 familias mensualmente, es decir $30 al mes. Con este programa el gobierno pretende atender a más de 7 millones de pobres extremos.

Dos meses antes, el gobierno de Tabaré Vázquez, quien asumió la presidencia de Uruguay el 1º de marzo, inició la implementación del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social (PANES), que con un presupuesto de $200 millones, entregará durante dos años alrededor de $57 mensuales (Ingreso Ciudadano) a los 45,000 hogares (200,000 uruguayos) que viven por debajo de la línea de la pobreza.

La ministra uruguaya de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se esfuerza por explicar que el PANES debe articularse con el conjunto de las políticas sociales del gobierno de Vázquez, de modo que “los impactos puedan ser duraderos, sostenibles y progresivos en el mediano y largo plazo”.

Este plan incluye además el programa Trabajo por Uruguay, que ofrece capacitación laboral y empleo en la comunidad con una paga equivalente al doble del Ingreso Ciudadano.

El PANES se ha iniciado ya, aunque con cierta lentitud en el empadronamiento de los beneficiarios, debido principalmente a la falta de personal, pero las autoridades correspondientes ya han anunciado que tomarán cartas en el asunto.

En lo que respecta al nuevo programa social del gobierno peruano, las principales críticas que enfrenta son dos: el marco de improvisación en el que se funda, sin identificar adecuadamente a los beneficiarios y comprobar su situación de carencias, y el que se inicie ad portas de la campaña para elecciones generales, lo que para muchos habla del uso clientelista del programa.

“Se habla de 200,000 familias beneficiadas, y que se entregará a mujeres muy pobres. Aún hay más de un millón de mujeres sin documento de identidad en el país. ¿Será éste un impedimento para la entrega del dinero? Suponemos que sí. Además tenemos un millón de personas analfabetas, en su mayoría mujeres rurales. En fin, graves problemas que no han sido resueltos como problemas estructurales”, señala María Esther Mogollón, del Movimiento Amplio de Mujeres - Línea Fundacional.

Oportunidades por doquier

Los gobiernos del Perú y Uruguay no son los únicos en recurrir a proyectos de subsidio directo para los más pobres en este continente en el que 96 millones de personas -17.3% de los 552 millones de latinoamericanos y caribeños- viven en extrema pobreza con menos de US$ 1 diario.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador y Venezuela, entre otros, vienen impulsando programas de esta índole, algunos acompañados de otros programas sociales dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios con medidas referidas a su educación, nutrición y salud.

Quizás el programa antipobreza más conocido y estudiado en América Latina es Oportunidades, llevado adelante por el gobierno del presidente mexicano Vicente Fox.

En 1997, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994- 2000), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México durante siete décadas hasta el año 2000, lanzó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). Al suceder a Zedillo, Fox, líder del Partido de Acción Nacional (PAN), decidió ampliarlo con un nombre nuevo.

PROGRESA se había focalizado en las áreas rurales, donde se concentra la pobreza extrema en México. En la nueva etapa como Oportunidades, el programa comenzó a dar cobertura a personas en extrema pobreza en zonas urbanas y semiurbanas.

El programa mexicano ha crecido de 300,000 familias en 1997 a 5 millones en el 2004, alcanzando a casi toda la población en pobreza alimentaria, y ha alcanzado resultados concretos: entre 2000 y 2004 la extrema pobreza descendió del 15.2% al 11.7% por ciento de la población, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Entre los factores que han marcado el éxito del Oportunidades mexicano, señalan sus promotores están su continuidad de una administración gubernamental a otra, la participación de las mujeres en el programa y la cuidadosa selección de sus beneficiarios refrendada por las propias comunidades.

Desigualdad, causa fundamental

Una característica de estos programas antipobreza es que promueven la “corresponsabilidad” por parte de los beneficiarios, es decir, que cumplan con una serie de requisitos como mantener a los hijos en la escuela, llevarlos a consultas médicas con regularidad y administrarles las vacunas.

Los promotores de estos programas ven con satisfacción los resultados de los mismos. “Los niveles de asistencia y continuidad escolar han mejorado considerablemente, en especial entre los adolescentes, y los niños de los hogares que participan por lo general exhiben mejoras en el desarrollo físico y menor incidencia de crecimiento frenado a causa de la desnutrición”, indica el boletín Idea, del Banco Interamericano de Desarrollo.

Para otros sin embargo, estos programas aunque necesarios de por sí no solucionan el problema de la pobreza, precisamente porque no apuntan a cortarla de raíz ni a cambiar la estructura que genera pobreza y desigualdad.

“Si se cataloga como muy pobres a quienes viven con un dólar diario y pobres a quienes viven con dos dólares diarios, los programas de este tipo estarían ratificando o afirmando esta condición. Estos programas deben estar articulados a políticas públicas más grandes de eliminación de las desigualdades”, afirma Mogollón.

América Latina y el Caribe constituyen la región menos equitativa del mundo, según la CEPAL. Brasil es considerado el país más desigual de la región, donde el 10% más pobre de la población comparte el 0.7% del ingreso nacional, mientras que el 10% más rico acapara 47%.

“Las desigualdades entre países y dentro de los propios países han ido de la mano de la globalización, teniendo consecuencias negativas en muchos aspectos, entre ellos la seguridad del empleo y los salarios”, dice el “Informe sobre la situación social en el mundo 2005: El dilema de la desigualdad”, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Un rasgo particular de la desigualdad al interior de cada país es la brecha entre el ingreso de hogares pobres y ricos. Durante los 90, el 10% de los hogares más ricos acumulaba entre el 30% y el 45% del total de ingresos. En contraste, el 40% más pobre recibía sólo entre un 9% y un 15% de éstos”, asegura la ONU.

Las desigualdades entre los países han aumentado también. “El ingreso por habitante en América Latina y el Caribe ha caído sostenidamente en comparación con el ingreso promedio por habitante de los países desarrollados. Entre 1980 y el 2001, el ingreso por habitante cayó desde un 18% a un 12.8%, revelando que el ingreso por habitante ha crecido con mayor rapidez en los países más ricos, profundizando la desigualdad”, sostiene el informe.

El peso en países pobres

“Coartada por un bajo crecimiento durante periodos largos, [América Latina y el Caribe] ha sido incapaz de mejorar la distribución del ingreso y el acceso a activos productivos, lo que se agrava por la falta de empleos que permitan a los trabajadores salir de la pobreza y a sus hijos a acceder a servicios adecuados de salud, educación e incluso alimentación”, sostiene la CEPAL, organización para la cual “la desigualdad es uno de los mayores obstáculos para avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM)", fijados en el 2000.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que evalúa el desempeño económico y social de 177 países del mundo, alertó sobre el peligro de no lograr cumplir los ODM si la comunidad internacional no incrementa sus niveles de cooperación.

Los países industrializados se comprometieron en el 2000 a otorgar 0.7% de su producto bruto interno (PIB) a la cooperación, pero actualmente los 22 países que conforman el Comité de Asistencia para el Desarrollo otorgan en promedio 0.4%. Sólo Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia y Holanda destinan más del 0.7% de su PIB en ayuda a los países menos desarrollados. EEUU (0.16%) e Italia (0.15%) son los países que menos fondos asignan al desarrollo.

Precisamente, una de las críticas que el movimiento Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) hace a los ODM es que “implican sobre todo a los países pobres, responsabilizándolos de los esfuerzos necesarios para mejorar su situación sin imponer ni responsabilidad, ni calendario, ni penalidad a los países ricos que se supone deben ayudarlos”.

La 60ª Asamblea General de la ONU, realizada en Nueva York del 14 al 16 de setiembre, que debía evaluar el progreso de los países hacia las ODM, no produjo ninguna propuesta nueva, ni siquiera un nuevo compromiso de las naciones ricas de alcanzar una asistencia oficial al desarrollo equivalente a 0.7% del PIB para los países pobres.

Los ODM “no denuncian a los responsables -empresas multinacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio- que con sus medidas han provocado recortes en los presupuestos sociales y que controlan las infraestructuras, los medios de comunicación, la tecnología y el comercio”, indica la MMM. “¿Cómo podemos pretender mejorar los sistemas de educación y de salud si a la vez defendemos las políticas que los debilitan?”

La implementación de planes antipobreza para beneficiar a los pobres, mientras se aplican programas de ajuste estructural que aumentan la disparidad y la miseria, resulta una burla perversa.

Críticas y propuestas

Como red feminista internacional, la MMM reúne aproximadamente a 6,000 grupos de mujeres procedentes de 164 países y territorios del mundo, y centra su crítica a los ODM en la falta de enfoque de género en su planteamiento de la pobreza y demás problemas.

“Presentan a las mujeres como madres y como mujeres embarazadas o como víctimas, pero no como agentes activas del desarrollo. No incluyen ningún indicador en materia de empoderamiento de la mujer. No mencionan la violencia contra las mujeres ni su situación especifica en los conflictos armados. Obvian los derechos reproductivos y sexuales”, remarcan.

Haciendo referencia al programa antipobreza Juntos, Mogollón dice: “Tú empoderas cuando creas condiciones para la toma de decisiones, cuando capacitas, entregas herramientas y colocas opciones, cuando se respeta la libertad y dignidad. Las mujeres no opinan en estos programas, son receptoras de ‘la ayuda’ y además les recargan sus tareas, pues para obtener los $30 deben verificar la vacunación de sus hijos y enviarlos a la escuela y asumir otras responsabilidades comunitarias”.

“Estos programas son paliativos y deberían ser explicados como temporales, pues el Estado debe preocuparse por políticas integrales, incluida la igualdad de género como una política de estado, pues de esa manera obligaría a todos los estamentos estatales a tomar medidas para la eliminación de las discriminaciones”, añade Mogollón.

Para Ana Tallada de la organización Género y Economía, es claro que estos programas “son sólo un mecanismo del combate a la pobreza. No la solucionan, pero pueden ser útiles en la medida que están dirigidos a la población en extrema pobreza que generalmente carece de redes sociales”.

“Estos programas deben estar preparados para atender a estas poblaciones, deben contar con recursos específicos para ello, por ejemplo, todo lo que es atención del parto con componentes culturales, atención al recién nacido con equipos itinerantes y el tema de la inscripción de niños y niñas en los registros civiles. Si estos asuntos no son atendidos y las condiciones económicas de la zona permanecen igual no tendrán ningún efecto a largo plazo”, añade Tallada.

En este contexto, los planes antipobreza, aunque necesarios, por sí solos resultan insuficientes para disminuir la pobreza, por lo que deben ser complementarios a políticas sociales de cobertura universal.


Fuente: lista de diffusion de Noticias Aliadas

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