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Gobierno se enfrenta a Parlamento controlado por la oposición y reduce sus atribuciones

VENEZUELA - Ley de amnistía declarada inconstitucional

Noticias Aliadas

Jueves 28 de abril de 2016, puesto en línea por Claudia Casal

19 de abril de 2016 - Noticias Aliadas - Dos semanas después que el Parlamento, controlado por la oposición, aprobara la Ley de Amnistía y Reconciliación, el 11 de abril la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inconstitucional la norma con la que la oposición pretendía poner en libertad a 78 “presos políticos” y centenares de “perseguidos y exiliados”, según la diputada Delsa Solórzano, quien promovió la iniciativa.

La ley abarca hechos desde 1999 —incluyendo la intentona golpista del 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) y las movilizaciones contra el gobierno en el 2014— hasta la fecha que la norma sea promulgada, y plantea dejar sin efecto sanciones penales de unos 50 delitos entre los que se encuentran estafas vinculadas a la construcción de viviendas, daños a las instalaciones del sistema eléctrico, acaparamiento y especulación de alimentos y medicinas, posesión y tráfico de armas y de explosivos, tráfico de drogas de menor cuantía, entre otros.

El 29 de marzo, tras conocer la aprobación de la ley, el presidente Nicolás Maduro anunció que no la promulgaría y que la enviaría al TSJ para su evaluación.

“Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas, la verdad. Tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero, que lo sepa la derecha nacional e internacional, leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán, por aquí no pasan, hagan lo que hagan”, dijo Maduro. “Desde el punto de vista constitucional esa ley es ilegal, criminal, y en el uso de mis atribuciones garantizaré todo lo que tengo que hacer para proteger la Constitución, el derecho a la justicia, el derecho de las víctimas”.

De acuerdo con el oficialismo, la ley favorece la impunidad de los responsables de las 43 muertes ocurridas durante las protestas del 2014.

Luego que la oposición ganara abrumadoramente el 5 de diciembre pasado los comicios parlamentarios, el gobierno nombró a 13 magistrados para el TSJ afines al oficialismo, y designó como Defensora Pública a Susana Barreiro, la jueza que condenó a más de 13 años de cárcel al líder opositor Leopoldo López. Además, Maduro instaló el llamado Parlamento Nacional Comunal dirigido a “fortalecer el poder popular” y que constituiría “una instancia legislativa del pueblo desde la base”.

Desde que la nueva Asamblea Nacional entró en funciones el 5 de enero, el TSJ ha emitido resoluciones que reducen el poder del Legislativo, particularmente su capacidad de controlar al resto de poderes públicos.

Crisis energética

El pulseo entre Maduro y la oposición legislativa se produce en medio de una crisis energética que ha generado apagones y racionamiento de agua. El 7 de abril, como parte de un plan especial de ahorro en el consumo eléctrico que deben cumplir familias y empresas, el mandatario decretó que los viernes de abril y mayo serán no laborables para el sector público.

“Vamos a tener fines de semana largos”, dijo Maduro.

Además, el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, anunció que a partir del 1 de mayo la hora oficial se adelantará en 30 minutos, regresando así al horario que existía hasta diciembre del 2007.

“La decisión que ha tomado el presidente [Maduro] es volver al horario de cuatro horas menos con respecto al meridiano de Greenwich”, dijo Arreaza. “Va ser tan sencillo como adelantar media hora el reloj, esto va a permitir que podamos aprovechar mejor la luz del día, de manera que no va a atardecer tan temprano”.

La crisis energética se profundizó este año a raíz de la sequía a consecuencia del fenómeno de El Niño que limita la producción de las hidroeléctricas.

No obstante, de no reducirse el consumo residencial —40% del consumo total— las medidas serán insuficientes, quedando abierta la posibilidad de incrementar el racionamiento.

La central hidroeléctrica El Guri, ubicada en el estado Bolívar y que abastece el 65% de la electricidad que consume el país, está en su nivel mínimo histórico. El restante 35% corresponde al sistema termoeléctrico.

Según el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, el nivel de agua del embalse de El Guri ha descendido 30 metros, el más bajo registrado en la historia de la represa que comenzó a funcionar en 1978.

“Aunado a las terribles consecuencias del fenómeno natural El Niño, debemos recalcar que el 40% del consumo energético en Venezuela proviene del sector residencial, debido al uso desmedido de aparatos de climatización que existen en los hogares”, dijo Motta, haciendo un llamado “a la conciencia ciudadana y a emplear correctamente la energía”.


http://noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7297

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