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AMÉRICA LATINA - Colombia y la OEA añaden tensión en la región

Ernesto Tamara

Viernes 30 de julio de 2010, puesto en línea por Barómetro Internacional, Ernesto Tamara

Al mismo tiempo que el gobierno de Colombia montaba la campaña publicitaria para denunciar la presencia de guerrilleros de las FARC y del ELN en Venezuela, un juez de la de la Corte Constitucional consideraba que el acuerdo por el uso de siete bases militares con Estados Unidos era ilegal a no contar con la aprobación del Congreso, en la población Macarena, apenas 200 kilómetros al sur de Bogotá, se revelaba la existencia de una fosa común con unos 2.000 cadáveres, víctimas de los paramilitares y del ejército, y otros cuatro agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dependiente de la Presidencia, eran encarcelados por colaborar con grupos paramilitares en el asesinato del al menos 40 personas. ¿Adivine cuál de estas noticias ocupó los titulares de prensa de casi todo el mundo?

Después de casi dos horas de discurso, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó las supuestas pruebas de la presencia de campamentos y jefes guerrilleros de las FARC y ELN en territorio venezolano. Sólo la ambición por colocar a Venezuela en el banquillo de los acusados puede justificar el circo mediático alentado con tan pocas y dudosas ”pruebas”. Otras versiones sostienen que el apuro por desatar el escándalo buscaba anticipar la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo firmado por Colombia y Estados Unidos para el uso de 7 bases militares, que finalmente fue dado a conocer el pasado viernes por magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Palacios.

La convocatoria a una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA se realizó a una semana exacta de las denuncias públicas de Colombia sobre la presencia de guerrilleros en el vecino país de Venezuela, y sin que previamente el gobierno de Bogotá hubiera presentado ninguna prueba. El Secretario General de la organización, José Miguel Insulza, procedió a convocar a la reunión, pese a los pedidos de aplazamiento realizados por el canciller de Ecuador, tanto por carta como telefónicamente. El argumento ecuatoriano era de peso: en pocos días más asumiría un nuevo gobierno en Colombia, y la convocatoria a esa reunión, considerando el tono del discurso de Bogotá, sólo iba a producir mayor tensión en la relación entre los dos países, complicando el manejo de la política exterior del futuro gobierno.

Quizás deseoso de demostrar a Estados Unidos que no debían desconfiar de su accionar, Insulza ignoró los pedidos de aplazamiento para dejar espacio a la diplomacia, y habilitó generar otra grave crisis en la región.

El embajador colombiano en la OEA, Luis Alfonso Hoyos - que se encuentra inhabilitado de por vida para ocupar cargos de elección popular en su país por su vinculación con hechos de corrupción-, utilizó la plataforma internacional para emitir un discurso de dos horas en las que defendió la política del presidente Álvaro Uribe –destacó mejoras en la calidad de vida de la población, la salud, educación, etc.- y procedió a calificar al gobierno de Venezuela de “dictatorial”, acusando al presidente Hugo Chávez de estatizar propiedades, violar la libertad de prensa, perseguir opositores y transformar a Venezuela en una dictadura. Sólo después presentó las supuestas “pruebas” de la presencia de las FARC y ELN en ese país.

Algunas de las pruebas son simples mapas de Venezuela, sacadas del buscador Google, con puntos marcados donde supuestamente existen varios campamentos guerrilleros que albergarían, según los organismos de seguridad colombianos, unos 1.500 combatientes. Casi el 10 por ciento de toda la fuerza militar que esos mismos organismos le atribuyen a la guerrilla colombiana. Otras fotos satelitales sobre los campos venezolanos, sin mostrar nada que confirme la presencia de campamentos guerrilleros, deben provenir de Estados Unidos, ya que Colombia no posee esa tecnología. Esto evidenciaría la participación de Estados Unidos en misiones de espionaje sobre Venezuela, y vuelve a poner en duda lo afirmado por Colombia de que su acuerdo con la nación del norte para permitir usarle 7 bases militares, no estaba destinado a espiar o atacar otros países.

Ya en ocasiones anteriores Colombia denunció presencia guerrillera colombiana en Venezuela, y en las coordenadas de su ubicación no se encontró ninguna evidencia de que existieran o hayan existido campamentos. Colombia siempre podrá decir que la guerrilla se trasladó cuando se dieron a conocer públicamente las coordenadas de sus campamentos.

Otras de las pruebas son fotografías obtenidas, sostienen, de computadoras capturadas a guerrilleros que desertaron, fueron capturados o abatidos. Estas fotos sólo muestran personas alrededor de una mesa, paradas con algunos árboles detrás, y sin ningún elemento que permita identificar el lugar, hasta podrían ser de una finca en las afueras de Bogotá.

Algunas de esas fotos, según admite Colombia, son de 2005 y 2006.

En otras fotografías se pretende identificar el lugar donde están los guerrilleros por las columnas o vallas de una vivienda. Varias fotografías se equiparan y muestran semejanzas entre el vallado de un pórtico, las columnas u otros elementos. Sin embargo en otra fotografía de esa misma serie, se señala el vallado, y aparece una pared con ilustraciones que no están en la casa original, lo que indicaría un montaje.

El resto de las pruebas eran fotografías de acciones, atentados o sabotajes atribuidos a las FARC en Colombia, y que buscaban demostrar el carácter “terrorista” de la guerrilla, pero que de ninguna manera involucran a Venezuela.
Las fotografías áreas de las supuestas bases de los campamentos, sacadas de Google, son selva y en una de ellas una casa y una especie de pérgola. Parece imposible ubicar en ese lugar a 1.500 guerrilleros. Para dar cobijo a tanta gente se necesitarían varios galpones o decenas de carpas. Requeriría además una cadena de abastecimiento de víveres importante que llamaría la atención de cualquier poblado cercano. Hay que notar además que esos supuestos campamentos, ubicados a pocos kilómetros de la frontera entre ambos países, están ubicados en Estados gobernados por la oposición al presidente Chávez, y donde se ha constatado la presencia de los paramilitares “Las Águilas Negras” provenientes de Colombia y que amenazan a la población local.

El número de guerrilleros que según Colombia estarían en Venezuela resulta muy significativo. Parece poco probable que una guerrilla que está enfrentando duros golpes, con el ejército acosando a su jefe máximo, envíe al exterior a un 10 por ciento de su fuerza militar.

Trasladar 1.500 hombres de un lado al otro de la frontera tampoco es una tarea fácil, a menos que cuenten con la complicidad de los ejércitos de ambos países. Colombia tiene un patrullaje en la frontera, vigilancia con aviones no tripulados, y todo el sistema de espionaje satelital que le proporciona Estados Unidos.

Por otra parte, la infiltración de algunos jefes guerrilleros a uno u otro lado de la frontera, siempre es difícil de detectar. No sería la primera vez que personas con documentos falsos ingresen a otros países sin ser detectados, lo que no quiere decir que exista complicidad del país que los recibe.

De hecho Venezuela ha venido denunciando la presencia de paramilitares colombianos en su territorio desde hace por lo menos 4 años, sin que las autoridades de ese país se manifiesten. En ningún momento el gobierno de Colombia acusó a Venezuela de proteger y colaborar con los paramilitares, pese a saber que se están asentando en territorio de ese país.

Las fuerzas de seguridad de Venezuela lograron capturar algunos paramilitares y hasta algunos jefes, que vivían en Maracaibo, donde gobierna la oposición a Chávez.

Tras la presentación de sus denuncias, el embajador colombiano exigió a Venezuela que persiga a los guerrilleros considerándolos grupos criminales y que los entregue a Colombia para ser juzgados, y reclamó que la OEA “constituya una comisión de verificación con todos los estados de la OEA para ir a estos sitios. Si Venezuela dice que todo esto es falso pues no debe tener ninguna dificultad para que vayamos”, dando así una nueva interpretación del papel de la OEA e ignorando el principio de no intervención en otros estados. Seguramente el embajador Hoyos ya sabía que esa petición estaba fuera de lugar y lejos de la competencia de la OEA, así que no se sorprendió cuando se le recordó que ese organismo no podía resolver ese pedido.

Como hace dos años, el presidente Uribe, desde Bogotá, aprovechó para anunciar que iba a denunciar a autoridades venezolanas ante la Corte Penal Internacional (CPI), por su colaboración y complicidad con las guerrillas. Otro anuncio destinado a buscar titulares de prensa y sin ninguna posibilidad de que prospere.

La decisión, según Uribe, se adoptó en una reunión con integrantes del gabinete y de la fiscalía. Dicha reunión se realizó en la sede de gobierno y participaron el fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, la embajadora de Colombia en Venezuela, María Luisa Chiappe; la ministra encargada de Relaciones Exteriores, Clemencia Forero; el vicepresidente, Francisco Santos; y los ministros de Interior y de Justicia, Fabio Valencia, y de Defensa, Gabriel Silva.

El fiscal fue el encargado de dar a conocer la decisión de denunciar a funcionarios gubernamentales venezolanos por lo que sostienen es complicidad con las acciones de las FARC.

«Nosotros no estamos pensando en nadie en concreto ni en el señor presidente; estamos pensando en posibles autoridades regionales que permiten que la guerrilla entre y salga tranquilamente, brindándoles un auxilio indispensable para que cometan actos ilícitos», manifestó Mendoza Diago.

Estados Unidos facilitó espionaje

Hasta ahora no se conoce si Colombia entregó las fotografías originales o copias certificadas a otros países o agencias para corroborar su legitimidad y seguir con las investigaciones. Cuando el gobierno de Colombia entregó el supuesto disco duro de la computadora de Raúl Reyes encontrada en el campamento bombardeado el 1 de marzo de 2008, INTERPOL encontró que no se había respetado la cadena de custodia de pruebas y que se habían alterado documentos. No parece imposible que lo mismo suceda en este caso.

La casi certeza del involucramiento de Estados Unidos en la preparación de las supuestas pruebas colombianas llevó a varios medios de prensa a consultar sobre esa posibilidad al subsecretario para América Latina del Departamento de Estado norteamericano, Arturo Valenzuela. El funcionario eludió confirmar o desmentir esa posibilidad pero subrayó que las denuncias colombianas eran “muy serias”. Asimismo el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, dijo que “Venezuela tiene una clara responsabilidad. Las acusaciones son graves, basadas en hechos y merecen ser completamente investigadas”, y con una total falta de respeto, calificó de “insolente” la decisión del presidente Hugo Chávez de romper relaciones con Colombia.

Sin embargo, pese a que Canadá y Estados Unidos respaldaron la denuncia colombiana en la OEA, ninguno de los dos apoyó con decisión la propuesta de crear una comisión internacional para corroborar los hechos.

Pruebas certificadas o no, la derecha internacional ya está usando el impacto mediático para seguir demonizando al gobierno del presidente Chávez y de paso echar agua a su molino local. Hasta el candidato opositor de Brasil, José Serra, que por primera vez aparece en segundo lugar en las encuestas presidenciales después de meses de encabezarlas, acusó al presidente Lula Da Silva, al Partido de los Trabajadores y a la candidata presidencial oficialista, Dilma Rousseff, de estar aliada a las FARC y protegerlas.

Ecuador cuestiona accionar de Insulza

Tanto el presidente Rafael Correa como el canciller de ese país, Ricardo Patiño, denunciaron el mal manejo del Consejo Permanente de la OEA por parte de su secretario general, el chileno José Miguel Insulza.

«Insulza presionó para que se realice (el debate) sin consulta previa como dice el reglamento y (...) ahí ustedes ven las consecuencias. Por supuesto que aquí tiene una gran responsabilidad José Miguel Insulza», sostuvo Rafael Correa, presidente de Ecuador tras conocerse la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Venezuela con Colombia y el aumento de la tensión en la región. El canciller de ese país, Ricardo Patiño, fue más explícito y duro con Insulza, añadiendo que los hechos han demostrado que el cargo “le quedó grande”. Patiño, responsabilizó directamente al secretario General de la OEA por el rompimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia por hacer caso omiso a las advertencias de diferentes países de la región. «Es lamentable que sin haber tenido la capacidad de dialogar con los países se haya insistido irresponsablemente hacer una reunión que todos los latinoamericanos sospechábamos que llegarían a estas conclusiones», expresó Patiño.

Insulza llevó a que esta tensión diplomática se diera ya que el gobierno ecuatoriano le recomendó que pospusiera la reunión, más no la suspendiera, «con el fin de realizar consultas con los demás países de la organización para analizar el actual momento político, y advertimos al final no se debe tratar de forma precipitada un asunto que podía poner en riesgo el mantenimiento de la paz en la región», señaló.

Ante la petición de Ecuador, Insulza respondió que el Artículo 37 del reglamento de la organización indica que tenía que convocar a la reunión, a lo que Patiño afirmó que eso no es cierto, pues este estatuto «dice que el presidente del Consejo Permanente convocará (...) pero no dice que tiene que convocar enseguida, porque además el Artículo 6 del mismo reglamento le faculta al presidente del Consejo Permanente de la OEA a realizar las consultas para preservar las unidad de los países de la región», afirmó. Patiño reprochó que Insulza manejó este asunto «con los pies» y es «lamentable la responsabilidad directa que él ha tenido para que finalmente esto se produzca».


ernestotamara[AT]gmail.com

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