PERÚ - Impunidad

26 de Octubre de 2009 - La República - Varios fallos de la Sala Penal Nacional revelan que, los que –como Rey y Giampietri- defienden la impunidad de los autores de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas cometidos por “razones de Estado”, por las fuerzas del orden aplicando la estrategia antiterrorista, están consiguiendo vergonzosos fallos exculpatorios. El indulto o amnistía ya no serían la estrategia principal, sino la complicidad judicial. Y hasta para hechos recientes: una corte inglesa ha congelado fondos de la empresa minera que maneja la concesión de Majaz para garantizar indemnizar a varios campesinos secuestrados y torturados por la policía y la empresa privada de seguridad contratada por la minera, incluyendo uno asesinado. Pero aquí…la justicia sigue muda.

La Sala Penal, que preside Pablo Talavera, ha emitido 15 sentencias exculpando de responsabilidad a 52 militares y policías, con argumentos absurdos: la inexistencia de órdenes escritas y documentos oficiales que ordenen los crímenes atroces que se les imputa. ¿Ordenes escritas? ¿Dónde? La Sala no califica los hechos como delitos de lesa humanidad buscando que prescriban, reducir penas y negar una politica sistemática del Estado, mientras parece cómplice ante la sistemática negativa del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de entregar la documentación e identificación oficial de los acusados. Este proceder, por parte de un tribunal que pertenece a un sistema judicial de Derechos Humanos es fariseísmo puro y ahonda la falta de credibilidad y legitimidad entre la gente.

Veamos. En Julio del 86, una patrulla militar detuvo en Putica, Ayacucho, a Severino Quispe y Francisca Janampa, junto a 2 ninos. Los llevaron a la Base militar de Cangallo. En 24 horas soltaron a la mujer exigiendo se presenten: Melchor Tineo Pérez, Martín Escriba Pillaca y su esposo Albino Quino. El 30, junto a sus esposas y autoridades de su pueblo, se presentaron a la Subprefectura de Cangallo. Fueron detenidos por el Tnte. EP “Rubén” (Marino Ambia Vivanco) y luego llevados a la Base de Cangallo. Nunca más aparecieron a pesar de las gestiones de sus familiares y autoridades. La Sala Penal absuelve a los inculpados, cree inválidos los testimonios de testigos vinculados a la víctimas por “tener interés directo” (¡!) y exculpa a los jefes de la Base de Cangallo por no haber estado en el lugar el día de los hechos, según informe de la FFAA. La palabra de la FFAA si vale, la de los familiares testigos, no. Ya está.

El 7 de junio de 1990, a las 9am, en Huamanga, detienen en su casa -ilegalmente y frente a su familia- a Eladio Mancilla Calle: hombres uniformados, armados y encapuchados en un camión militar. Lo llevan al Cuartel Los Cabitos, donde hay hoy se ha encontrado 40 osamentas y restos de crematorios. La Sala exculpa al Jefe Político Militar, Petronio Fernández Dávila, y a los implicados, porque no hay documento de orden de detención, no está acreditado en un registro de detenidos (¡!) el que Mancilla ingresara al cuartel, y no se ha identificado que fueran militar los que operan. Lo mismo dicen en otros casos: el de los hermanos Sandoval Flores, detenidos-desaparecidos cerca de Pucallpa en enero 1990, o Constantino Saavedra en Huamanga, en Octubre del 90: no hay órdenes, no hay registro de detención, el manual operativo que hace responsable al Jefe en realidad no lo hace… Por tanto, ¡absueltos!

Con Jeremías Osorio Rivera, detenido el 28 de abril de 1991, en Nunumia (Cajatambo) mientras celebraba la presencia del ejército, está probado que había un Plan Palmira y un testigo vió cuando lo llevaron a la Base de Cajatambo y habló con él. Allí lo torturaron. Nunca salió, pero el Tnte. Juan Carlos Cesar Tello Delgado argumenta que lo liberó el 1 de mayo, con testigos comprobadamente falsos que no conocian a Osorio, y éste sigue desaparecido. Pero la Sala considera falta de pruebas y lo declara inocente. ¿Es esto justicia?

Publicación por iniciativa del autor.