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COLOMBIA - Conflicto armada y medio ambiente (Equipo de investigación CED-INS, Revista Pueblos)

Miércoles 19 de octubre de 2005, puesto en línea por Dial

(Traduction française sur le site de RISAL)

15-09-2005 - Revista Pueblos - En el año 2002 el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, decretó la persecución al terrorismo, negando que en Colombia existe un conflicto armado, desconociendo las razones políticas y sociales que han alentado la guerra en la historia reciente del país. Esta postura simple y efectista es una de las justificaciones a la más dura represión contra el movimiento social en Colombia, donde se incluyen detenciones masivas, asesinatos con vinculación directa de organismos militares y actuaciones conjuntas con grupos paramilitares.

El actual mapa de la guerra nos muestra que se consolida el proyecto paramilitar de extrema derecha (Autodefensas Unidas de Colombia) en la mayor parte del país poblado (cerca de un 50 por ciento del territorio). La estrategia planteada por estos grupos no corresponde sólo al plano militar, al contrario, este componente es secundario y hoy buscan controlar territorialmente áreas con interés económico, político o militar, mediante el uso sistemático del “terror” (el 60 por ciento de los desplazamientos forzados son originados directamente por estos grupos). Ello ha implicado el copamiento de los espacios políticos (control de gobernaciones, curules del Congreso [1] y alcaldías), jurídicos (control de fiscales y jueces), académicos (control de autoridades universitarias [2]), y el monopolio férreo de los medios de financiación de la guerra: narcotráfico y extorsiones [3].

En la actualidad la guerra se caracteriza por dos dinámicas centrales: la primera es la legalización de las enormes estructuras económico-militares del paramilitarismo en las “negociaciones” con el Gobierno; la segunda, la multiplicación de las acciones bélicas por parte de la insurgencia a lo largo y ancho del país, entre las que se cuentan los sabotajes a las redes de electricidad en Arauca y en la costa Caribe, ataques militares del ELN en el Chocó, Norte del Santander, y Sur de Bolivar, y los ataques de las FARC a las poblaciones de Iscuandé (Nariño), Mutatá (Antioquia), y varios pueblos del Cauca, que han producido cerca de 70 bajas dentro del ejército. Esta ofensiva cuestiona los resultados de la política de “seguridad democrática” del actual Gobierno, que pone en entredicho la efectividad de la política militarista y represiva, y cuestiona la manipulación sobre los resultados de la guerra que se tiene sobre los medios de comunicación y los espacios políticos estatales.

La guerra pasa a la fase de ocupación territorial
En el Sur del país la guerrilla de las FARC mantiene beligerancia en regiones selváticas y montañosas, corredores estratégicos que le aseguran movilidad y ventaja táctica, ante la acentuada ofensiva del ejército a través del Plan Colombia y el Plan Patriota que busca atacar la región de control histórico de las guerrillas. La guerra se extiende en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta, una inmensa área selvática y de difícil acceso de 160.000 kilómetros cuadrados [4], que incluye parte de la selva amazónica. Tanto las FARC como el ELN han retomado la estrategia de guerra de guerrillas, ante la nueva configuración del conflicto, en el que se han generalizado las ofensivas militares y paramilitares de manera coordinada y sistemática: los combates directos son mantenidos por el ejército y los grupos paramilitares hacen el “trabajo sucio” perpetrando todo tipo de violaciones contra los derechos fundamentales de las comunidades.

El paramilitarismo ha significado la imposición de la lógica del capital en regiones marginadas, por lo general en zonas selváticas con algún interés para la implementación del modelo agro-exportador, minero extractivo, o del comercio de narcóticos, grandes negocios en la economía globalizada. Este modelo implica la implementación de una estrategia integral de control territorial, que pasa por la coerción de los estamentos de poder público y el despliegue de redes de control político informales en áreas urbanas y rurales.

La guerra en Colombia desencadena la profunda transformación en todas las esferas de la vida de la sociedad colombiana, incluyendo el entorno natural. Desde el ambientalismo [5], entendido como las relaciones entre la sociedad con la naturaleza y sus recursos, también se generan reflexiones sobre las repercusiones del conflicto armado en Colombia, en lo referente a las fumigaciones promovidas desde el Plan Colombia, el desplazamiento forzado de 3,5 millones de personas, la apropiación de 5 millones de hectáreas por parte de los paramilitares y la instauración de formas de trabajo semifeudales en varias regiones del país.

Hoy asistimos a un cambio en el sentido de los escenarios de la guerra; no sólo se realizan acciones militares y represivas contra las comunidades autónomas, sino especialmente se despliegan proyectos político-económicos que buscan imponer el control territorial y por ende, la lógica del capital. Se busca la ocupación de los espacios en todas las esferas de la vida, incluyendo el territorio como espacio de generación de riqueza y ejercicio del poder, sin la mediación del Estado, como garante de los derechos fundamentales. La ocupación implica el control de los medios de comunicación, los medios de producción, e incluso de las organizaciones políticas y sociales existentes, por parte de organizaciones paramilitares.

Fumigaciones y Plan Colombia

A finales de 2004 el Gobierno colombiano anunció que había fumigado cerca de 130.000 hectáreas como cifra récord. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos con base en imágenes satelitales, demuestra que las hectáreas sembradas no disminuyeron en 2004 [6]; además, las fumigaciones no han significado cambios notables en la dinámica del mercado internacional de heroína y cocaína. A pesar del evidente fracaso de la política antinarcóticos, el Gobierno insiste en fumigar regiones enteras, aunque de paso fumigue indiscriminadamente cultivos de productos alimenticios, corrientes de agua y personas. A pesar del pronunciamiento del Departamento de Estado de EE UU sobre la no toxicidad de las fumigaciones, las denuncias de las comunidades afectadas por estas fumigaciones, insisten en los daños causados sobre la salud humana, los cultivos de alimentos y sobre la tierra [7]. En varias regiones del país, como en el Sur de Bolívar o Putumayo, se observa un despliegue de guerra química contra comunidades que se encuentran en regiones con interés militar. Después de las fumigaciones los cultivadores se desplazan a regiones vecinas o selva adentro, pero el resto de las comunidades que han sido afectadas, tienen que abandonar sus tierras al no tener qué comer.

La enorme movilidad de los cultivos ilícitos, propiciada por las fumigaciones, hace que los cultivos se adentren en zonas selváticas o inaccesibles, que por lo general tienen enorme importancia ecológica, que a su vez también propicia a mediano plazo fumigaciones sobre estas áreas. En la actualidad el Gobierno promueve las fumigaciones sobre reservas ecológicas (parques nacionales naturales), a pesar de los daños que sufrirían estos ecosistemas [8], de enorme importancia para la biodiversidad del planeta. Existen regiones del país en las cuales no se han inventariado el número de especies, y en las cuales se hace muy difícil estimar los daños de las fumigaciones. La política contra las drogas se mantiene sin modificaciones sustanciales, a pesar de los evidentes y desastrosos resultados obtenidos después de dos décadas.

Desplazamiento forzado

Desde el año 1995, 3,5 millones de personas [9] han sido desplazadas de sus territorios. Estas cifras contrastan con los datos oficiales, que dejan de considerar a una persona desplazada tres meses después de haber recibido la asistencia estatal. Esta cifra implica el despoblamiento de los campos productivos en el país, que en su mayoría son medianas y pequeñas extensiones. El acumulado de experiencias de adaptación al territorio, mediante las cuales los campesinos alimentaban a todo el país se pierde y va a parar a los cinturones de miseria de las grandes ciudades; la pérdida del conocimiento popular del territorio es sumamente grave, considerando que son experiencias fundamentales a la hora de plantear nuevas maneras de relacionarse con el entorno natural.

El desplazamiento forzado no es solamente una consecuencia nefasta de la guerra interna, es también una estrategia y objetivo: estrategia del paramilitarismo por cuanto busca despoblar regiones enteras y ejercer dominio a través del traslado de sus propias bases sociales. Es objetivo porque busca apoderarse de la tierra y sus potencialidades de generación de riqueza. De tal manera que en la actualidad el paramilitarismo afianza su proyecto político y económico, dejando en la impunidad los crímenes atroces que perpetró. Las cifras son preocupantes, de acuerdo con Codees [10], cinco millones de hectáreas han sido acumuladas por los grupos paramilitares entre los años 1997 y 2003 de manera criminal, mediante la apropiación de tierras abandonadas en campos de guerra, por despojo violento o compra bajo presión. La acumulación de tierras se presenta en toda la costa Caribe colombiana, los llanos orientales, el Magdalena Medio, el Valle del Cauca y recientemente en la región cafetera. Las repercusiones de este proceso de concentración de tierras fértiles, en manos de los comandantes del paramilitarismo, se ve como uno de los más graves factores de empobrecimiento y reproducción de la violencia en la actualidad.

Las migraciones que por lo general tienen destino en las grandes ciudades, generan amplios cinturones de pobreza en sus alrededores. Estos flujos poblacionales aumentan la demanda y la concentración espacial de bienes y servicios ambientales, en proporciones tales que generan tensiones en los sistemas ecológicos vecinos a las urbes, desarrollan situaciones de subempleo y la precarización de las condiciones laborales. Tal es el caso de Bogotá, que sobrepasa los 8 millones de habitantes, y alberga a cerca de 5 millones de personas en condiciones de pobreza, sin posibilidades de consumir las demandas nutricionales mínimas, ni de los servicios fundamentales. Bogotá ha sido refugio durante cuarenta años de las continuas oleadas de violencia que ha padecido Colombia, la ciudad recibe la tercera parte de los desplazados del país, lo que ha generado un crecimiento desordenado y la “apropiación” de los bienes ambientales de los ecosistemas y regiones pobladas vecinas: el agua que consume la ciudad la toma en un 60 por ciento de los ecosistemas vecinos, aumentando los riesgos de escasez hídrica en sus vecindades [11].

Imposición del modelo de capital agro-minero-exportador

Los enormes flujos de dinero provenientes del narcotráfico financian en un 70 por ciento al paramilitarismo [12]; este dinero y la concentración impune de grandes tierras, también ha impulsado la implementación de grandes proyectos de inversión, todos ellos de carácter extractivo o agroindustrial, enfocados a la economía internacional, en el Chocó, Magdalena Medio y llanos orientales [13]: sobresalen los cultivos de palma africana [14], cuyo aceite tiene prometedoras salidas como materia prima en gran cantidad de procesos industriales. Aparece también la ganadería extensiva, el caucho, el cacao y el financiamiento directo en actividades industriales [15]. La magnitud de estos proyectos no es conocida, por lo relativamente reciente del fenómeno y la dificultad inherente a hacer seguimiento a los bienes ilícitos de los grupos armados. En la actualidad las “negociaciones de paz” entre los grupos paramilitares y el Estado, se han reducido al desarme y desmovilización de algunas estructuras, sin embargo, el sistema de control social y territorial que se ha impuesto en buena parte del país no se ha mencionado.

La implementación de monocultivos de palma africana tiene las implicaciones ambientales de cualquier monocultivo: el deterioro acelerado de los suelos, el uso intensivo de agroquímicos, que implica graves daños ambientales, especialmente en regiones selváticas, y los grandes impactos de obras complementarias como carreteras. Se observa la implementación de cultivos de palma africana en regiones selváticas del Pacífico colombiano (área reconocida como uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo), a pesar de que las condiciones climáticas no son rentables, por lo que hace pensar en la implementación de estos monocultivos desde otra lógica: los monocultivos de palma africana se utilizan como una manera de “domesticar” la selva y abrir paso al “desarrollo”, lo que significa la eliminación de una ventaja táctica para las guerrillas, que encuentran en las áreas boscosas zonas de movilidad y resguardo. Por otro lado, se vislumbra a la costa Pacífica colombiana como el espacio de integración a la creciente economía asiática, para lo cual necesita mejorar las condiciones de accesibilidad al Pacífico, haciendo necesario eliminar el obstáculo que significan las zonas selváticas en esta región, abriendo espacios de cultivos y sabanas, apalancado todo ello, en los enormes capitales del narcotráfico.

Esta dinámica significa un daño gigantesco, desde el punto de vista humanitario: estas regiones han tenido los índices de desplazamiento y violaciones al Derecho Internacional Humanitario más altos del país, la desaparición de las selvas del Pacífico significa la pérdida de ecosistemas únicos en el mundo, y la desaparición de importantes experiencias culturales de comunidades afrodescendientes e indígenas, en cuanto a su manera de relacionarse con estos ecosistemas, significa un ataque frontal a su biodiversidad. La concentración de la tierra significa el aumento de la presión sobre las áreas boscosas del país, que de hecho son altamente vulnerables y muy apetecidas por los grandes terratenientes, en un proceso en el que la pobreza se utiliza como medio y justificación para eliminar las áreas boscosas.

A pesar de lo anterior, hasta ahora en las negociaciones de Santa Fe de Ralito no se ha mencionado la posibilidad de que este grupo armado devuelva las tierras robadas a sangre y fuego. El temor surge con razones de hecho: el hermético silencio que el Gobierno está guardando sobre el tema de la devolución de tierras por parte de los paramilitares. Como ha dicho Juan Camilo Restrepo [16], “¿Cuál es la posición gubernamental sobre la concentración de tierras fértiles que los paramilitares han acumulado ilegalmente en los últimos años? ¿El proceso de paz que se esboza con ellos implica o no la obligación de devolver las tierras a sus legítimos propietarios?”

Desmantelamiento de las organizaciones y los movimientos sociales

En la estrategia paramilitar se busca el desmantelamiento de los grupos sociales que puedan tener alguna posición crítica frente al Estado y los proyectos del capital, entre los cuales se encuentran las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. La destrucción de los movimientos sociales y las experiencias políticas autónomas, que se han llevado a cabo a partir del exterminio a manos de grupos paramilitares y la persecución estatal, significa la eliminación de alternativas a la “administración” estatal del ambiente, por lo que se impone una visión mercantilista y simple que se reduce a conservar y explotar.

La guerra en Colombia cambia todos los días. El inventario de muertos se incrementa día a día y la impunidad se quiere legitimar amparada por el actual régimen. Las cifras exactas de la guerra no se conocen y ante el velo de desinformación promovido desde el Estado, no se pueden sino hacer algunas inferencias acerca de lo que sucede. Existen regiones inaccesibles en las que se dice que imperan condiciones de explotación de personas peores a la esclavitud, se sabe de la devastación de regiones selváticas inmensas para la siembra de cultivos de uso ilícito o de palma africana, del robo de tierras fértiles a manos de unos cuantos jefes paramilitares y de la intensificación de los negocios del narcotráfico amparados en la impunidad y el silencio de las tumbas.


Las siglas CED-INS se corresponden con Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular - Instituto Nacional Sindical, Colombia. Este artículo ha sido publicado en el número 18 de la edición impresa de Pueblos, septiembre de 2005, pp. 11-14

[1] Al respecto, Vicente Castaño, uno de los líderes de las AUC, señaló que la influencia del paramilitarismo en el Congreso era superior al 35 por ciento y espera que este porcentaje se supere en las próximas elecciones. “Habla Vicente Castaño”. Revista Semana. 5 de Junio de 2005

[2] “Ministerio de Educación Censura Presión Armada”. Diario El Tiempo. 5 de Julio de 2004. pg 1-3

[3] “La Paramilitarización de Colombia”. Diario El Tiempo. 26 de Septiembre de 2004. Ver También en: “Los Tentáculos de las AUC”. Revista Semana. 24 de Abril de 2005.

[4] Las Fronteras: zonas de contención y expansión del conflicto. Documento Codhes. Junio 2005.

[5] Definición adoptada en este texto, aunque puesta en discusión en espacios académicos y sociales. Existen espacios en los que el ambientalismo se considera como la conservación de recursos y ecosistemas sin que se analice críticamente al capital en sus dinámicas de acumulación-consumo y demanda de recursos que ponen en jaque a la humanidad.

[6] Las Fronteras: zonas de contención y expansión del conflicto. Documento Codhes. Junio 2005

[7] Observaciones al “Estudio de los efectos del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente”. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Ambientales. Mayo de 2005. En este trabajo se plantean críticas sobre el enfoque metodológico que soslayó factores fundamentales para dimensionar los daños de las fumigaciones.

[8] “Glifosato si genera efectos ambientales”. Tomás León Sicard. UNPeriódico. Domingo 22 de Mayo de 2005. No. 75.

[9] Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. Codhes. Monitoreo de Población Desplazada. Sisdhes. 2004.

[10] “ONG revela que paramilitares se han quedado con 5 millones de hectáreas de tierra entre 1997 y 2003”. Diario El Tiempo. Diciembre 21 de 2004.

[11] Plan Maestro de Gestión Ambiental. Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA. Bogotá. 2000.

[12] “Los Tentáculos de la AUC”. Revista Semana. 24 de Abril de 2005.

[13] No puede demostrarse la propiedad directa de estas tierras, sin embargo estos cultivos coinciden geográficamente y temporalmente con las zonas de control de estos grupos.

[14] Como ha sido denunciado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de manera insistente, quienes tienen trabajo de acompañamiento a comunidades de paz en la región.

[15] La Economía de Guerra Paramilitar. Una aproximación a sus fuentes de financiación. Carlos Medina Gallego. Investigador UN. 2004

[16] Esta preocupación llega incluso a los círculos de poder tradicionales, una muestra de ello es la columna del ex ministro de Hacienda del Gobierno Pastrana: “Ojo con otras fiestas. Los señores de la tierra”, Juan Camilo Restrepo. Diario El Tiempo, Bogotá. Septiembre 22 de 2004.


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