CHILE - La "asociación ilícita" sólo está en la mente del fiscal Peña

Web Liberación - Lo de las “trazas” de explosivos se ha convertido en la excusa perfecta para encarcelar a cualquiera. No existe siquiera un control legal sobre dichos “exámenes”. Si de verdad existieran “trazas de explosivos” eso solo debiera ser causa probable para peritajes, pero nadie puede ser juzgado por tener “trazas”, que ni siquiera explotan o no son prueba de nada. Según el abogado Alberto Espinoza Pino (en la foto) las llamadas telefónicas que la Fiscalía ha presentado como pruebas no lo son ni de liderazgos de una imaginaria asociación ilícita, ni de nada ilegal. Sólo habría conjeturas y especulaciones en la mente del fiscal Alejandro Peña. Videos y dibujos se exhiben como pruebas en una ridiculez sin nombre.

El gobierno del empresario Sebastián Piñera Echeñique desea retorcer la Ley de Control de Armas y Explosivos y la propia Ley Antiterrorista -que anunció será modificada- para acusar a jóvenes anarquistas, antiautoritarios y ex militantes del Mapu-Lautaro, y así, deslegitimar toda protesta y disidencia social. “No perseguimos ideologías”, dijo el ministro Hinzpeter. Debiera haber dicho que las encarcelaba.

El Estado policial se materializa en la criminalización de toda lucha social o protesta, en contra de los mapuches, jóvenes y trabajadores organizados. Se ven terroristas donde no los hay. Se habla en la prensa de vínculos imaginarios con las FARC, la ETA, los mapuches y anarquistas.

Sin embargo, en Chile no hay organizaciones terroristas. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), calificada como terrorista por los medios de comunicación y las fiscalías no lo ha sido por los tribunales. Con la Ley Antiterrorista el Estado elude el respeto al “debido proceso” y al llamado estado de derecho. Meses atrás la Fiscalía explicaba así sus nulos avances: “Los autores de las bombas no tiene organizaciones ni cuentan con líderes”. Dos meses después es todo lo contrario.

El abogado Alberto Espinoza, dice: “Estamos frente a una investigación por delitos terroristas, que a juicio de esta defensa, en lo que se refiere a Pablo Morales Fuhrimann y Rodolfo Retamales Leiva, carece de toda fundamentación. Creo que los antecedentes que se han expuesto hasta el minuto, por parte del fiscal Alejandro Peña, son bastante precarios, confusos, vagos e inconsistentes para acreditar siquiera, con grados de presunción, la existencia de un hecho de esa naturaleza. Hablamos de delitos terroristas y, además, él habla de una asociación ilícita terrorista. Creo que en ese sentido hay una manipulación y una utilización política del tema a partir de la entrevista que realiza el Fiscal Nacional con el Ministro del Interior. Después de eso, se produce un cambio radical en la calificación jurídica de la investigación, que hasta ese minuto llevaba el fiscal Xavier Armendáriz, y con los mismos antecedentes que tuvo el fiscal anterior durante cuatro años, el fiscal Peña transformó toda la investigación que se reducían a colocación de bombas, en colocación de bombas y explosivos de ‘carácter terrorista’. Construyó, además, en forma bastante temeraria una ‘asociación ilícita terrorista’, donde él coloca a Pablo Morales y a Rodolfo Retamales como los jefes de esta asociación ilícita básicamente en función del pasado de ambos, que los persigue. Ellos fueron procesados, juzgados y condenados por su pertenencia al Mapu-Lautaro, pero por hechos que ocurrieron el año 1992. El fiscal construye toda una figura en que en función de ese pasado tendrían algún grado de ‘continuidad’ al día de hoy en la dirección de esta supuesta asociación ilícita”, dice.

Alberto Espinoza estima que hay una utilización, casi perversa de cierta información, que “resulta preocupante en el contexto de una sociedad democrática y dentro de un Estado de derecho”. Por un lado, la poca independencia que manifiesta el fiscal del Ministerio Público frente a las presiones que ejerce el Ministerio del Interior, que pretende desarrollar una política represiva en contra de la “delincuencia” bajo esta lectura de la “mano dura” que le interesa desarrollar al presidente Sebastián Piñera. “Por eso, la situación trasciende a los propios imputados. El tema sobrepasa la acusación a Pablo Morales o Rodolfo Retamales. Se está bajando el estándar al ‘delito terrorista’ a situaciones que bajo ningún punto de vista pueden ser calificadas como tales. Los antecedentes y las construcciones teóricas que se hacen para configurar el ‘delito terrorista’ resultan muy débiles, por decir lo menos. Están fundadas en indicios que solo en la imaginación del fiscal pueden justificar la existencia de una organización terrorista o de un delito siquiera. Son llamadas telefónicas muy circunstanciales, y él construye, a partir de eso, una ‘red de protección’ al nivel de organismos públicos. Son todas cosas muy poco coherentes e insustanciales, para formular cargos seriamente y con el efecto que tiene desde el punto de vista penal como es condenar a una persona a penas elevadísimas y, además, la Ley Antiterrorista establece un procedimiento bastante al límite de las normas del debido proceso. Permite la utilización de ‘testigos sin rostro’, la ‘interceptación de las comunicaciones’, y la libertad provisional queda bastante restringida. Exige la concurrencia de tres ministros titulares en las Cortes de Apelaciones, con voto unánime. Las penas son altísimas, las más altas en el ordenamiento jurídico. Entonces, en el marco de una sociedad democrática, la subordinación de los tribunales tiene que aplicarse en forma restrictiva y más aún una ley como esta que es de las más extremas desde el punto de vista penal”, agrega.

“Así están las cosas: es un escenario bastante complejo y preocupante, desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, puesto que, de alguna forma, se está castigando la disidencia. Se está castigando a un sector de la población. Pero, además, ni Pablo ni Rodolfo dicen pertenecer a él. No son anarquistas ni pertenecen a ninguna agrupación de esa naturaleza. Simplemente son jóvenes que tienen un pasado que los persigue, y que hoy tienen un planteamiento frente a la sociedad chilena que muchos podemos compartir, en relación a la acumulación de la riqueza; a las desigualdades sociales, económicas, culturales; a las características que tiene este sistema económico capitalista neoliberal, cuyas consecuencias están a la vista. Baste ver lo que ocurre con los mineros, los trabajadores agrícolas, los trabajadores del retail, en fin. De modo que esto es parte de una política de Estado que ya comenzó con los mapuches y, ahora, es el turno de las casas okupa. Se pretende ‘armar’ la existencia de una ‘asociación ilícita’ que solo está en la mente del fiscal Peña. No sería extraño que mañana se aplicara la Ley Antiterrorista a otras manifestaciones sociales o reivindicativas, de cualquier tipo. Si los trabajadores o estudiantes salen en una marcha y queman neumáticos en el marco de una huelga, así como se ha castigado a mapuches por quemar pastos o apedrar buses, aquí también se les va a acusar de terroristas…”, señala el abogado.

El abogado Alberto Espinoza Pino advirtió que existiría una "orquestación", en el sentido de que hoy están funcionando todos los instrumentos criminalizadores, particularmente los desplegados por el fiscal Peña, conjuntamente con el Ministerio del Interior. “Están funcionando y sonando armónicamente. Son muy coherentes en orden a dar esta calificación de terrorismo que, sin embargo, surge en forma tan sorprendente y sorpresiva después de que el fiscal Xavier Armendáriz -cuya competencia de ninguna manera la pongo en duda-, a pesar de haber desarrollado por años una investigación acuciosa, nunca estimó del caso hacer esta calificación de ‘terrorismo’. Es lamentable que está ocurriendo haya tenido tan poca resistencia de parte de la sociedad civil. Ni los partidos políticos de la Concertación, ni el Partido Comunista, ni otras organizaciones sociales han levantado su voz frente a lo preocupante que se puede venir en el futuro, cuando se aplique esta política de mano dura a otras actuaciones cívico políticas. Esta es una voz de alarma y alerta para toda la sociedad civil”, agrega.

Se vienen 180 días de investigación y es probable que los imputados continúen detenidos. Sobre todo aquellos que poseen un pasado que pareciera marcarlos para toda la vida. “Esperamos que no sigan detenidos. Tenemos un recurso de apelación. No descartamos, si es que nos fuera adversa la resolución, volver a solicitar la libertad de Pablo y Rodolfo bajo la misma fundamentación. Ellos no son responsables de ningún hecho ilícito, además, las pruebas del fiscal son insuficientes para destruir la ‘presunción de inocencia’. Incluso, en esta fase preliminar, en que la exigencia es menor que para condenar, tampoco existen elementos para acusarlos”, dice.

Las “grandes pruebas” son llamadas telefónicas: una que recibe Rodolfo Retamales de su ex novia, que trabajaba en la Intendencia, donde le hace una advertencia que nadie tiene claridad de qué se trata. “Puede ser cualquier cosa”, dice Espinoza. “Una conversación en un lapso de cinco años es el único antecedente que permite construir la supuesta ‘red de protección’. También hay una llamada de Pablo Morales a Andrea Urzúa Cid, familiar de Marcelo Villarroel -que se encontraba en ese entonces detenido en Argentina-, que lo va a visitar a la cárcel de Neuquén. En esa conversación le pregunta ‘cómo está y si lleva todas las cosas y bolsos’, que, al parecer, ellos mismos habían juntado para apoyar solidariamente a Villarroel. En esa conversación le manifiesta que anda escasa de dinero y que si ‘le puede cargar el celular con 3.500 pesos’. El fiscal entiende que hay una suerte de ‘financiamiento’ a este viaje, a esta ‘operación terrorista’, que es un viaje de familiares. Según el fiscal, Morales Fuhrimann estaría actuando como ‘financista y controlador del viaje’. Ahí demostraría su condición de ‘líder’… También hay videos que se incautan en la casa de Retamales. Videos que forman parte de su actividad profesional. El se dedica a lo audiovisual. Hace un collage de videos, incluso recogiendo imágenes de los canales tradicionales, lo que quedó en evidencia en la audiencia de formalización. Eran imágenes de Chilevisión, Megavisión, Canal 13, en fin. Filmaciones de protestas, huelgas, marchas… También presentan como pruebas fotos donde ellos entran o salen de casas okupas… pero eso no acredita nada. Ningún delito… Según el fiscal, las casas okupas son descritas como ‘centros de poder’, y al hecho de entrar o salir, él le da una connotación ‘ilícita terrorista’, de ‘organización y planificación’. Pero en concreto, ni Pablo Morales ni Rodolfo Retamales están acusados de haber colocado bombas, ni tampoco se logra establecer un nexo entre quienes sí están formalizados por colocarlas y ellos. No se demuestra ni la existencia de planes ni jerarquías, ni estructuras, ni logística alguna. A ninguno de los detenidos se les encontraron bombas ni elementos para hacerlas… No niego que a lo mejor las bombas existieron, que pareciera un hecho cierto, pero de ahí a que sean estas personas las responsables hay un abismo. De ahí a que Pablo Morales sea el responsable de dirigir a un grupo de personas en una operación delictual para colocar bombas, no resiste mayor análisis. No hay ningún antecedente que los vincule ni involucre”, dice el abogado Alberto Espinoza.

¿Por qué están detenidos entonces? Pareciera que el fiscal Alejandro Peña sólo pretende justificar su trabajo. Asumió la investigación hace dos meses y quiere demostrar eficiencia. “Eso lo demuestra, primero, sustrayendo el conocimiento de este asunto de los tribunales de garantía de la jurisdicción de Santiago, para trasladar la competencia a los juzgados de San Miguel, donde, al parecer, cuenta con algún grado de simpatía, o los jueces son menos resistentes a sus pretensiones, como ya ocurrió en la audiencia de control de detención… La jueza del 11º Juzgado de Garantía prácticamente actuó de forma muy obsecuente a lo que le pedía el fiscal, y en forma muy negativa a las pretensiones de las defensas de los imputados. Cambió en algo en la audiencia de formalización. Un juez, con bastante coraje porque las presiones del Ministerio del Interior son fuertes, tomó la determinación de dejar a siete personas libres… Esta resolución, en gran medida, dejó en evidencia que la investigación del fiscal es algo que solo está en su imaginación”, agrega Espinoza.

“Confío en que los tribunales actúen con independencia e imparcialidad. En la medida en que los tribunales sean permeables a las presiones de otros poderes del Estado será lamentable para el estado de derecho y la democracia. Creo que los tribunales terminarán calificando los hechos como jurídicamente corresponde, esto es que no son ilícitos, y que Rodolfo Retamales y Pablo Morales no tienen participación alguna en una ‘asociación ilícita terrorista’. Ellos no son acusados de colocación ni de fabricación de bombas. Ha resultado sorprendente como en esta orquestación o puesta en escena, los medios de comunicación tradicionales: El Mercurio, La Tercera, TVN, etc., han desarrollado toda una ofensiva comunicacional en estrecha alianza con las pretensiones de la Fiscalía. Pero, al mismo tiempo, han sido tan burdos los antecedentes que exponen que creo que les están jugando en contra. Hace unos días en El Mercurio aparecían los supuestos ‘jefes de la asociación ilícita’, y hacía referencia a que ‘estudiaron en el Colegio San Juan’, y que su ‘potencial terrorista’ ya estaba en el Anuario de 1987: a Rodolfo Retamales ponen que ‘le gustaba la película El Atentado’… Ya tenía un ‘germen terrorífico’ en esa época. También aparece que ‘mostraba una fuerte inclinación por las protestas y las manifestaciones callejeras’… Y que ya venía gestándose en su voluntad ‘un espíritu y una conducta terrorista que hoy aflora en toda su magnitud’… Es demasiado burdo. Es un terrorismo bastante ingenuo, con domicilio conocido, con teléfono, y cumpliendo, además, una condena bajo control penitenciario. Semanalmente concurrían a firmar al Patronato de Reos. Es demasiado inconsistente este montaje. Son terroristas sui generis, con trabajo estable, vínculos familiares sólidos y burgueses, que cumplen con todas las obligaciones que les impone el Estado”, concluye Espinoza.

Arnaldo Pérez Guerra ES Historiador y Periodista. Ex preso político.

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