Migrantes forzados en contextos de exclusión y violencia: Sujetos sociales que remontan la adversidad

A inicios de la presente década y según datos de instituciones como CONAPO, se calcula en aproximadamente 280 millones el número de migrantes a nivel global [1]. Desde hace años y en la segunda mitad de la década pasada, y con la llegada de varios gobiernos de derecha radical en diferentes regiones (Trump en EUA y Bolsonaro en Brasil fueron dos de los más extremos), las ya existentes políticas de criminalización de las poblaciones extranjeras sin documentación migratoria se acentuaron de forma drástica y generalizada en diferentes continentes. A pesar de los repetidos discursos de una migración ordenada, segura y regular por parte de diferentes instituciones e iniciativas internacionales, la lectura de los migrantes como poblaciones “irregulares [2]” y “transgresoras de la ley” se ha vuelto un eje central de las políticas migratorias y fronterizas de varios países del norte global (EUA, Inglaterra, España, entre otros). Estas narrativas estatales sobre los migrantes se fundan en prejuicios e ideologías racistas y clasistas (que consideran que no todos los seres humanos son iguales y que no todos tienen los mismos derechos), y, dichas narrativas, tienen finalidades políticas.

Estas posturas omiten, muchas veces de manera deliberada, varios procesos comprobados y constitutivos de las migraciones internacionales forzadas.

– A) Por un lado, las causas estructurales de los contextos de expulsión que sacan fuera de sus hogares a los migrantes frecuentemente no dependen de ellos y están fuera de su control [3]. El peso de lo macroeconómico no es menor, y remite a cuestiones muy puntuales de carácter socio material en los lugares de origen, como salarios insuficientes, carencia de empleos, trabajos precarios y mal remunerados, pero también dinámicas de huida de procesos de violencia – por causas de inseguridad [4] – y de impactos de fenómenos medioambientales.

– B) Además, los migrantes no son per se “transgresores de la ley”. Por el contrario, y como lo han documentado proyectos académicos y comunitarios como Humanizando la deportación, son sujetos en condiciones de vida muy adversas en los países de origen, y con diferentes y agudas necesidades irresueltas [5]. Migrar no es un delito, sino un grupo de estrategias que despliegan ciertos sujetos sociales para mejorar sus vidas.

– C) Tampoco se debe de omitir que, buena parte de los países del norte global a los que se dirigen los migrantes, tienen poblaciones envejecidas y tiene un déficit de fuerza productiva laboral importante. Estos Estados nacionales necesitan de trabajadores-migrantes para sus mercados laborales y procesos de producción.

– D) Asimismo, desde diferentes organizaciones pro migrantes, se ha documentado que las políticas migratorias criminalizantes (basadas en la deshumanización de las poblaciones extranjeras irregularizadas) producen y legitiman la exclusión y violencia hacia las poblaciones migrantes sin documentos. El argumento de ponderar la agenda de “seguridad nacional” no puede ser una excusa o justificación para que ciertos países transgredan los derechos humanos de los migrantes [6].

– E) Finalmente, es estratégico reconocer que, no pocos de los países del norte global a los que se dirigen los migrantes, tuvieron un rol muy activo en la producción y generación de las adversas condiciones que obligan a salir a las poblaciones desde sus países de origen en el sur global. Es el caso del papel de EUA en el norte de Centroamérica, donde el intervencionismo militar, político y la imposición económica de la agenda neoliberal ha tenido drásticos efectos en la región y ha propiciado y acentuado la generación de acentuados contextos de expulsión de centenas de miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala [7].

Las migraciones son dinámicas sociopolíticas complejas que, ni son “problemas” o “crisis”, ni están únicamente definidas por las poblaciones extranjeras. Urge un cambio en la forma en que la migración es analizada desde la academia y la política pública, con miras a reconocer la diversidad de procesos, actores sociales e instituciones involucradas. En este sentido, algunos puntos de partida iniciales de dicha transformación podrían ser los siguientes:

Siguiendo a Sayad, hay que dejar de privilegiar y tener como lente único y preferente la perspectiva de los países de destino en el norte global [8], y, particularmente, desde la esfera estatal de dichos Estados nacionales.

La “criminalización” estatal como estrategia no se funda en datos y evidencias factuales y empíricas, sino obedece a ejercicios de ingeniería política ideológica que usan “el tema migratorio” como un activo político para otros fines. Es el caso de Trump y los republicanos que, en los escenarios de contienda electoral, usan políticamente la (criminalización de la) migración con fines de incrementar los votos. Y, además, estas estrategias generan mucha exclusión y violencia hacia las poblaciones extranjeras irregularizadas.

Siguiendo a la autonomía de las migraciones, hay que reconocer la importancia de los migrantes, y ponderar el papel que como sujetos sociales tienen en estos procesos [9]. No se puede condenar ni juzgar a personas por querer tener una vida mejor, y aspirar a un futuro digno y con necesidades básicas resueltas.

Urge hacer una transformación drástica del eje toral de las políticas migratorias. Transitar de la “seguridad nacional” a la ponderación de la dignidad humana y el respeto irrestricto a los derechos humanos, independientemente del origen étnico nacional, genero, sexo y condición migratoria de las personas.

Migrar no es un delito, y debería de ser un derecho, en cualquier país y región del mundo.